Category: Opinión

La política y la urgencia de educarnos

“La política no debería ser el arte de engañar, sino la ciencia de gobernar para el bienestar común.” — Isidro Aguado

Por Isidro Aguado Santacruz

Hoy, en Cambio de ritmo, quiero centrarme en un tema que me llamó la atención: lo que está ocurriendo en el partido Movimiento Ciudadano en Baja California. Las tensiones internas y las decisiones recientes en esta organización reflejan un panorama político que merece ser analizado y a continuación, les comparto algunas reflexiones sobre ello.

Por décadas, la política en México ha transitado por senderos donde el debate pierde profundidad y se convierte en un intercambio de ataques personales, calumnias y estrategias que desvirtúan su verdadera esencia. Este juego sucio, que con frecuencia se repite incluso entre quienes comparten los mismos colores e ideologías, no es política en su sentido más elevado, sino un reflejo de la falta de educación ética y cívica en quienes dicen representarnos. La política, en su raíz, debe ser la herramienta para construir el bienestar común, y no un terreno donde la confrontación vacía se imponga sobre la razón y el diálogo.

La historia de las ideas políticas nos ha legado una profunda reflexión sobre lo que realmente significa gobernar. Platón, en su obra La República, abordó la idea de educar a los gobernantes, proponiendo un programa integral de estudios para aquellos que desempeñarían roles de liderazgo en la ciudad. Para Platón, el poder y la sabiduría deben caminar juntos, ya que “quién no sepa filosofía no podrá gobernar la república”. Según él, los gobernantes deben ser filósofos, personas con sabiduría y carácter, capaces de discernir entre el bien y el mal, y comprometidos con el bienestar colectivo. Esta propuesta no solo abogaba por la educación de los futuros gobernantes, sino por una educación integral que cultivara tanto el cuerpo como el alma, la inteligencia y el carácter. La política, para Platón, no es simplemente un ejercicio de poder, sino una disciplina moral y filosófica que requiere de una formación profunda y rigurosa.

Aristóteles, en su Política, asume la ciudad como un hecho natural, y en su visión, el hombre es un Zoon politikon, un ser social por naturaleza, que necesita vivir en comunidad para alcanzar su máximo potencial. Según Aristóteles, la política no debe ser entendida como una lucha por el poder, sino como una búsqueda de la felicidad colectiva, donde la justicia y la amistad son los valores fundamentales que deben regir los asuntos públicos. Para él, el Estado tiene como fin último la felicidad de sus ciudadanos, y la participación en la política debe ser el reflejo de una voluntad ética, donde el individuo actúa por el bien común y no por intereses egoístas o mezquinos. La política, por tanto, es un arte moral, no solo una cuestión de poder, y exige una ética que guíe todas las decisiones públicas.

Por otro lado, Maquiavelo, en El Príncipe, presenta una visión más pragmática y realista del poder, separando la política de la moralidad. Para él, el gobernante debe ser astuto y eficaz, dispuesto a hacer lo que sea necesario para mantener el poder y la estabilidad del Estado, aunque esto implique transgredir normas éticas tradicionales. Maquiavelo nos muestra un panorama donde la política se reduce a un juego de poder, donde la moral y la ética pueden quedar en segundo plano ante la necesidad de sobrevivir políticamente.

Hoy, en México, seguimos viendo la política como un campo de batalla donde las luchas internas y los intereses personales priman sobre los ideales colectivos. Las recientes tensiones dentro de Movimiento Ciudadano en Baja California son un reflejo de esta desconexión entre la política como servicio y la política como poder. La designación de Daylín García como dirigente estatal provisional del partido, hasta un año antes de las elecciones internas que se celebrarán en enero, busca definir quién será la próxima persona encargada de liderar el partido en el estado. La elección de García, con su experiencia como diputada local, subraya la responsabilidad crucial que tiene este rol en un contexto de reformas y crecimiento. Sin embargo, este proceso también ha puesto de manifiesto las divisiones internas dentro de un partido que, a pesar de su potencial, aún se enfrenta a desafíos para consolidarse en un estado tan complejo y marcado por la crisis política y social.

Al mirar figuras como David Saúl Guakil, se nos recuerda que la política debe ser un ejercicio de servicio y compromiso con la comunidad, por encima de las estrategias internas. Guakil, quien en una entrevista pasada expresó su profundo amor por Tijuana, destacó que esta ciudad es su casa y la razón de su constante esfuerzo por mejorarla. Con una trayectoria de dedicación al desarrollo regional, ha trabajado de manera incansable por el bienestar de Baja California, tanto en la esfera política como en la comunidad empresarial. Más allá de los intereses partidistas, su visión está orientada al futuro de los ciudadanos, buscando soluciones concretas para los problemas que enfrenta la región. La política, para Guakil, es un medio para transformar la realidad, y su enfoque siempre ha sido la construcción de un mejor futuro para los tijuanenses y bajacalifornianos. Su capacidad para trabajar de manera inclusiva, con respeto a la diversidad de opiniones y sectores, es un modelo de lo que significa ser un verdadero servidor público, capaz de anteponer los intereses de la ciudadanía por encima de los cálculos personales o partidarios.

Es imperativo reconocer que el verdadero objetivo de la política no es la confrontación, sino la unidad en torno a los principios de justicia y bienestar común. El desafío no es menor. Si queremos que la política sea una herramienta para el progreso y no para la división, debemos educarnos, aprender de nuestros errores y trabajar por el bien de todos. La verdadera política es aquella que se construye desde el diálogo, la reflexión y la acción ética. La política que nos necesita no es la que busca el poder por el poder, sino la que se dedica a servir a la comunidad con integridad y sabiduría.

Al final, la política debe ser un reflejo de nuestras aspiraciones más elevadas como sociedad. Necesitamos políticos que no solo comprendan el poder, sino que también sean conscientes de la responsabilidad que conlleva. Que la política regrese a su esencia: un servicio al prójimo, un esfuerzo colectivo para alcanzar una vida más justa y equitativa para todos. No podemos permitir que se siga jugando a la política como un espectáculo vacío. Hoy es el momento de hacer de la política un acto de amor a la humanidad, un compromiso firme con el futuro de nuestras generaciones. La política es la posibilidad de transformar nuestras realidades más difíciles en sueños alcanzables, y solo con una educación profunda, con valores firmes y con un propósito común, podremos lograrlo.

Es hora de que la política vuelva a ser la ciencia del bien común, donde el poder no sea un fin, sino un medio para alcanzar una sociedad justa y fraterna. Excelente inicio de semana lectores.

• Los problemas políticos son como las leyes: no tienen más que un fin, el poder.”  – Juan Domingo Perón

Por Isidro Aguado Santacruz

Pocas veces una elección significa tanto para la humanidad, y hoy, 5 de noviembre, millones de estadounidenses deciden el destino de su país y, en buena medida, el de muchas naciones que giran en torno a este gigante. La elección entre Donald Trump y Kamala Harris no es una mera contienda de partidos; es una decisión que coloca en la balanza a poderes geopolíticos, conflictos latentes y la estabilidad de regiones enteras. 

En un mundo cada vez más polarizado y complejo, la Casa Blanca representa una fuerza cuya dirección puede provocar o contener crisis internacionales, y en ese contexto, México se encuentra a merced de las corrientes políticas que surjan de esta elección.

Las tensiones con China, por ejemplo, son un punto focal en la plataforma de ambos candidatos. Si Trump vuelve al poder, su retórica combativa y proteccionista hacia China podría intensificarse, acercándonos a un escenario que en el Pentágono ya se analiza como “la guerra de los grandes poderes.” Trump no ha ocultado su disposición a escalar los ejercicios militares y endurecer la postura ante China, en especial respecto a Taiwán, un punto álgido en las relaciones internacionales. Harris, aunque también apoya a Taiwán, ha mostrado una tendencia hacia la diplomacia y la contención, lo cual podría evitar una confrontación inmediata, aunque no erradica las tensiones que existen entre ambas potencias. De cualquier modo, lo que suceda hoy en las urnas influirá directamente en la posibilidad de un conflicto de magnitud global.

Este mismo eje de decisiones impacta otras regiones conflictivas, como la guerra en Ucrania. Bajo una administración de Trump, es probable que el apoyo militar y económico a Ucrania disminuya, cediendo terreno a Rusia para consolidar su ocupación de aproximadamente un tercio del territorio ucraniano. Harris, en cambio, mantendría el compromiso de proporcionar armamento y respaldo a Ucrania, e incluso podría intensificar la presión sobre Moscú, planteando el riesgo de que el conflicto se extienda más allá de las fronteras de Europa del Este. En Medio Oriente, la situación no es menos volátil. Las fricciones entre Israel y Palestina, las amenazas latentes de Irán y los choques con Líbano son temas que, en manos de un mandatario estadounidense, pueden inclinarse hacia el diálogo o la confrontación abierta.

Para México, el desafío es aún más directo y profundo. Trump, con su ya conocida postura hacia nuestro país, ha prometido que cerrará la frontera en el primer día de su gobierno, si es necesario, en un intento de frenar la migración y controlar el tráfico de drogas, especialmente de fentanilo. Su enfoque podría incluir la deportación masiva de migrantes y la presencia de fuerzas militares en la frontera, lo cual, aunque políticamente popular entre sus seguidores, pondría a México en una posición precaria. Además, ha insinuado la posibilidad de imponer aranceles a productos clave como los automóviles mexicanos, alcanzando niveles exorbitantes de hasta un 2000%, una medida que impactaría profundamente en la economía mexicana.

Kamala Harris, aunque con una visión menos radical, tampoco ha sido especialmente condescendiente hacia México. La cuestión migratoria sigue siendo un tema explosivo, y su postura sobre el T-MEC ha sido clara: Harris se opuso al tratado cuando era legisladora y ha expresado su intención de renegociarlo, asegurando que buscaría condiciones más ventajosas para Estados Unidos. La presión sobre México no desaparecería, pues el comercio y la seguridad en la frontera continuarían siendo asuntos prioritarios para la administración de Harris, aunque tal vez con un enfoque menos punitivo que el de su contrincante.

Ambos candidatos enfrentan el complejo dilema del fentanilo, una crisis que cobra la vida de aproximadamente 100,000 estadounidenses al año. Esta situación, que vincula directamente a los cárteles mexicanos en la cadena de suministro de drogas sintéticas, coloca a México en el centro de la agenda política de ambos contendientes. Harris y Trump han prometido tomar acciones firmes, lo cual plantea riesgos para nuestro país, especialmente si esas medidas incluyen la intervención directa o restricciones comerciales más severas. Aunque el tono de Harris sugiere un abordaje cooperativo, las políticas hacia el narcotráfico y el control de la frontera seguirán siendo puntos de conflicto.

Al analizar este escenario desde México, se observa una elección que tiene menos que ver con las preferencias políticas de los estadounidenses y más con el impacto real en nuestras vidas. La economía, la seguridad fronteriza, el flujo migratorio y la estabilidad comercial son solo algunos de los aspectos que están en juego para México. Desde los aranceles que podrían asfixiar a sectores industriales hasta las decisiones sobre el T-MEC que afectarán directamente a nuestras exportaciones, la influencia de quien ocupe la Casa Blanca será determinante para la estabilidad y crecimiento de nuestro país.

Más allá de México, el mundo entero se encuentra a la expectativa. Una victoria de Trump o de Harris no solo define la dirección de Estados Unidos, sino que establece un precedente para la política internacional en la próxima década. ¿Estaremos más cerca de un conflicto directo entre las grandes potencias, o podremos evitar una confrontación de proporciones catastróficas? La respuesta, al menos en parte, se decidirá hoy en las urnas estadounidenses.

Cada voto en EE.UU. podría cambiar el curso de la política migratoria y comercial, impactando de manera directa a millones de mexicanos. La historia reciente nos recuerda que cada elección en la superpotencia afecta no solo a su población, sino también a las dinámicas sociales, económicas y políticas de países vecinos. La pregunta no es solo quién ganará, sino cómo sus políticas resonarán en las vidas de quienes cruzan la frontera y en la estabilidad de la región.

Hoy, el eco de las decisiones en las urnas estadounidenses resuena fuertemente en México, donde las esperanzas y temores se entrelazan en un delicado equilibrio. Como lo expresó Octavio Paz, “la política es un espejo de la historia”, y en este momento, el reflejo es claro: lo que sucede en EE.UU. tiene el potencial de redefinir el futuro de México. La comunidad internacional observa, y el mundo entero se prepara para las repercusiones de esta elección, sabiendo que el destino de naciones puede estar en juego, estemos atentos lectores. Excelente inicio de semana.

” La historia se repite, primero como tragedia, luego como farsa.” – Karl Marx.

Por Isidro Aguado Santacruz

La dimisión de ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación representa un acto de grandeza y una afirmación rotunda de su integridad, honrando al Máximo Tribunal y manifestando su congruencia con la defensa de nuestra Constitución. En un entorno en el que el oficialismo se esfuerza por desacreditarlos, incluso llegando a amenazar con invalidar sus renuncias y privarlos de las pensiones que les corresponden por ley y por la misma reforma judicial que el propio partido en el poder impulsó, esta decisión adquiere una relevancia aún mayor.

Este grupo de ministros –Norma Lucía Piña Hernández, Ana Margarita Ríos Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Gelacio Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo, y Luis María Aguilar– merece un reconocimiento no solo por su valentía, sino también por su coherencia y profunda dignidad. La historia tiene una forma peculiar de ubicar a cada quien en el sitio que merece. Y aunque muchos sostendrán que la historia suele ser escrita por quienes triunfan en lo inmediato, en este caso, la postura patriótica de quienes renuncian en defensa del pacto federativo, la división de poderes, la democracia y los derechos humanos de los mexicanos, quedará inscrita en los anales del derecho en nuestro país, como un ejemplo de integridad y de verdadera lealtad a los principios de nuestra nación.

Las renuncias de los ministros de la Suprema Corte no carecen de un alto valor en cuanto a la dignidad y el respeto que proyectan hacia sus trayectorias y la defensa de la Constitución. La ministra Ana Margarita Ríos Farjat, por ejemplo, subrayó en su carta de dimisión que renuncia al haber vitalicio que les corresponde por derecho a los miembros del máximo tribunal, argumentando que lo hace “para preservar mi espacio de dignidad y libertad personal.” Con esta declaración, ha silenciado a figuras como Gerardo Fernández Noroña, Ricardo Monreal, y a la presidenta Claudia Sheinbaum, quienes habían insinuado que los ministros renunciaban con el único propósito de asegurarse el retiro lleno de beneficios económicos. En realidad, estas renuncias se dieron en el contexto de una reforma judicial impulsada por la mayoría legislativa que el gobierno ha forzado artificialmente.

Cada una de estas cartas de renuncia, desde la de la presidenta de la Corte hasta las de los otros siete ministros, es un documento que ilustra la resistencia ante la embestida del gobierno por subordinar a la Suprema Corte y al Poder Judicial en su totalidad. En esta misma línea, el gobierno actual ha recurrido a figuras jurídicas dudosas, diseñadas para instaurar una autocracia y socavar la democracia. Un ejemplo es la polémica creación de la llamada “supremacía constitucional,” un concepto que pretende sofocar cualquier oposición a los designios del Ejecutivo federal.

Para comprender la urgencia con la que el oficialismo se apresura a consolidar su dominio sobre el Poder Judicial, basta con observar cómo se ha pisado el acelerador en los últimos días. Tras la aprobación de la reforma de supremacía constitucional por el Senado y la Cámara de Diputados, se ha buscado ratificación en al menos 17 congresos locales, con el fin de formalizar una declaratoria de validez que cierra el círculo en torno a una nueva arquitectura constitucional.

En esta campaña, el oficialismo se regocija en una aparente victoria, aunque su entusiasmo oculta un proyecto que, en su esencia, confronta y contradice los principios fundacionales de la Constitución de 1917, esa Carta Magna nacida del dolor y la sangre de una revolución. Este proyecto de transformación busca no solo cambiar la ley, sino también el espíritu que sustenta a nuestro Estado de derecho.

Las renuncias de ministros y el rechazo de cerca de la mitad de los jueces de distrito y magistrados de circuito para participar en una elección judicial cuestionable evidencian la crisis de confianza que enfrenta el sistema. La nueva configuración de la Suprema Corte parece destinada a ser integrada por figuras con cuestionables credenciales, que más que a su capacidad técnica responden a una lealtad política absoluta hacia Morena y sus aliados. Celebran estos logros iniciales, pero parecen ignorar las consecuencias profundas que estas decisiones pueden desatar en la estructura de nuestra democracia.

A nivel global, la historia nos muestra que la erosión de los derechos fundamentales de los ciudadanos, desde Venezuela hasta Cuba, suele ser el preludio de un largo y doloroso declive social. La indiferencia actual de una parte de la población frente a esta crisis constitucional puede ser reemplazada por el descontento generalizado cuando las decisiones de hoy se traduzcan en pérdidas tangibles en su vida diaria.

No es solo la falta de jueces imparciales y capacitados lo que está en juego; también lo está el bienestar económico de nuestro país. La incertidumbre que estas reformas han sembrado entre inversionistas y socios comerciales comienza a pasar factura, desde la posibilidad de conflictos con el T-MEC hasta la desconfianza de las calificadoras internacionales, que ven con preocupación el rumbo de nuestra economía. La devaluación del peso, el aumento de la inflación, la caída del PIB y la agonía de Pemex como empresa productiva del Estado son solo algunos de los síntomas de una economía que, poco a poco, pierde solidez ante un proyecto político que amenaza con conducir a México hacia un futuro incierto y polarizado.

La renuncia de los ministros de la Suprema Corte no es solo un acto de valentía individual, sino un eco de alarma que retumba en el corazón de nuestra democracia. Ante la embestida de un gobierno que, bajo la bandera de la transformación, busca someter la justicia a su mandato, México se enfrenta a una elección que definirá su rumbo histórico. La decisión de estos ministros representa un último bastión de dignidad y resistencia, una advertencia de que el costo de sacrificar la autonomía judicial en favor de intereses de un solo poder es demasiado alto. Hoy, más que nunca, el país necesita a sus ciudadanos alertas, dispuestos a defender un orden constitucional que, aunque imperfecto, es la base de nuestras libertades. Que no sea la historia la que, años después, juzgue nuestra indiferencia. Excelente fin de semana lectores.

• El columnista del El Financiero, Pablo Hiriart, analiza en su colaboración de este jueves para el periódico capitalino, cómo el nacionalismo ramplón del anterior, y de los escasos 30 días de este sexenio, las pérdidas de Petróleos Mexicanos ascienden a 879 MILLONES DE PESOS DIARIOS!!! que bien podrían emplearse para salud, educación e infraestructura. Pero el afán de gritar a los cuatro vientos que el petróleo es patrimonio del “pueblo bueno y sabio” de México, aunque nos esté cargando la tristeza…

Uso de razón:

Qué bonito rescate del señor presidente

Por Pablo Hiriart

Se presentó ante el país como el salvador de Pemex y mandó pintar todas las pipas de la empresa con leyendas de “rescate de la soberanía petrolera”.

¿Cómo nos fue con el rescate de Petróleos Mexicanos que hizo López Obrador?

Al tercer trimestre de este año las pérdidas ascendieron a 879 millones de pesos… al día.

¿Y en el total del sexenio del rescate? 

En el gobierno de López Obrador las pérdidas de Pemex sumaron un billón 300 mil millones de pesos.

Terrible el daño al bolsillo de la nación provocado por la ignorancia y los dogmas de López Obrador.

Hay algo más absurdo aún: no veremos cambios sustanciales en el esquema perdedor del expresidente, por dos razones.

La presidenta Sheinbaum también piensa que vender petróleo que está debajo del agua va contra la soberanía nacional.

Y venderlo encima del agua (luego de extraerlo) fortalece la soberanía.

No importa que en el primer esquema el país gane dinero y en el segundo pierda a razón de 879 millones de pesos al día.

Por increíble que parezca, la científica se doblega ante el dogma vacío de una ideología antieconómica.

Aun si hubiera claridad en que la alternativa para revertir las pérdidas y ganar ‘un montón de dinero’ es reanudar las rondas petroleras de la reforma energética del gobierno anterior, la Presidenta no lo hará para evitar contradecir a López Obrador.

En casi un siglo, nunca se había visto en el país una dependencia tan palmaria de un presidente(a) respecto al presidente anterior.

Lo que ha mostrado en este primer mes de gobierno ha sido obediencia e imitación de López Obrador.

Más que una razón de continuidad del proyecto, que en el caso petrolero es una locura, lo de Sheinbaum es un tema de sobrevivencia política.

El día que suelte la mano de López Obrador, se la van a comer viva los tiburones de origen priista que controlan el Poder Legislativo.

Ayer ofreció, ante el caótico panorama de las finanzas de Pemex, medidas de austeridad y eficiencia. Tal vez agregue algún tipo de asociación con el sector privado, pero nada que vaya a la raíz del círculo vicioso.

Paliativos. Aspirinas contra el cáncer.

Pemex es una máquina de perder dinero.

Lo que se va al caño –879 millones de pesos cada día– por el dogmatismo de AMLO y la debilidad política de Sheinbaum al interior de Morena, son escuelas, equipamiento de hospitales, vacunas, medicinas, carreteras, sistemas de drenaje, transporte público, equipos y capacitación para policías estatales…

La empresa que López Obrador iba a rescatar es la única petrolera en el mundo que, en lugar de ganar, pierde.

Todas ganan ‘un montón de dinero’, mientras Pemex pierde y contamina como nunca en la historia.

En 2018 Pemex pagó a Hacienda, es decir puso en el bolsillo de la nación, 324 mil millones de pesos por concepto de derechos, impuestos y otros.

Al tercer trimestre de este año, Pemex sólo aportó 85 mil millones de pesos.

Y además pierde, hay que inyectarle dinero para sostener la demagogia nacionalista de López Obrador.

La deuda de Pemex a proveedores se multiplicó por tres de 2018 a 2024. Se deben 402 mil millones de pesos a empresas que prestan sus servicios a la petrolera.

Cien por ciento aumentaron las emisiones de gas a la atmósfera en el sexenio de AMLO.

La refinería que hicieron en un pantano de Tabasco acaba de inaugurarse y su producción va en picada. Pemex Refinación (ahora PTI) perdió medio billón de pesos.

Importamos 58 por ciento de la gasolina que se consume en el mercado nacional.

Qué bonito rescate del señor presidente.

Con las rondas petroleras el gobierno no sólo dejaba de perder dinero, sino que por cada dólar de petróleo que la empresa privada extrajera, se recibirían 80 centavos.

Así no se distraía un céntimo del presupuesto que debía ir a salud, seguridad pública, educación e infraestructura.

Pero la soberanía, como la entiende AMLO, nos llevó al derroche demencial que indican los reportes financieros de Pemex que fueron dados a conocer el martes.

La situación no va a cambiar de manera sustancial como para hacerla virtuosa debido a que sigue gobernando el dogmatismo hueco de López Obrador.

• “Las promesas en política son como el viento en el mar: visibles y emocionantes, pero muchas veces incapaces de sostener un barco en aguas turbulentas.”

Por Isidro Aguado Santacruz

La reciente visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Playas de Rosarito nos ofrece un momento crucial para reflexionar sobre lo que verdaderamente anhela el pueblo mexicano. Su llamado al bienestar social, aunque cargado de emoción, se enfrenta a una dura realidad que no podemos ignorar: ¿realmente sus promesas de progreso responden a las necesidades urgentes de la ciudadanía?

Al citar a Lincoln, cuando afirmó que “la democracia quiere decir un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, la presidenta nos invita a cuestionar si su administración está a la altura de este principio fundamental. Los ciudadanos no solo quieren escuchar buenas palabras; quieren acciones concretas que transformen sus vidas y que aborden la corrupción que ha impregnado nuestro sistema político. La desconfianza hacia un gobierno que ha prometido erradicar la corrupción, mientras enfrenta serios cuestionamientos sobre su integridad, es palpable. Esta contradicción no solo genera escepticismo, sino que también alimenta la frustración de un pueblo que ha sido testigo de cómo las promesas se desvanecen en el aire.

Los mexicanos, en su mayoría, desean un cambio real, y eso incluye la urgencia de un sistema de salud que funcione. Hoy en día, quienes necesitan atención médica se encuentran atrapados en un laberinto de largas esperas, citas que se agendan a meses vista y una alarmante escasez de medicamentos. La situación es desgarradora: familias enteras, desesperadas, acuden a las instituciones de salud solo para ser recibidas con puertas cerradas y promesas vacías. 

¿Qué tipo de democracia permite que la salud de su gente sea un lujo y no un derecho? La respuesta es clara: una que no está verdaderamente comprometida con el bienestar de su población.

La desesperanza no se detiene ahí. El clamor por una jornada laboral digna y un salario justo resuena en cada rincón del país. Los trabajadores mexicanos anhelan no solo un empleo, sino una vida que les permita vivir con dignidad. Cada día, enfrentan la dura realidad de salarios que no alcanzan para cubrir lo básico y condiciones laborales que, en muchas ocasiones, son indignas. 

Hasta cuándo seguirán esperando un cambio que no llega, mientras se enfrentan a la explotación y a la falta de oportunidades? La realidad es que las empresas irregulares y la falta de regulaciones adecuadas perpetúan un ciclo de pobreza y descontento que debe romperse.

La inseguridad es otro de los fantasmas que acecha a la población. Más de 3,000 personas desaparecidas en Baja California son un recordatorio brutal de que la violencia no es solo un problema estadístico, sino un dolor palpable que vive en los hogares de muchas familias. Este tema, ausente en el discurso presidencial, es uno de los más urgentes que necesita atención. Las calles, que deberían ser un espacio de libertad y seguridad, se han convertido en lugares de miedo e incertidumbre. ¿Es este el legado que queremos construir? La ciudadanía exige ser escuchada, quiere vivir sin miedo, quiere un país donde la seguridad no sea solo una promesa, sino una realidad.

La reciente reforma judicial no es el remedio a la crisis de inseguridad que enfrenta el país. En un México que arde, como lo evidencian los acontecimientos en Sinaloa, Guerrero y Chiapas, es evidente que la solución radica en fortalecer a las instituciones encargadas de la seguridad, no en el Poder Judicial, que es solo el último eslabón de la cadena de justicia. Para que los jueces apliquen la ley, primero es necesario detener al delincuente. Sin embargo, el cuello de botella está en nuestras fuerzas policiales, que enfrentan un abrumador índice de impunidad del 99.9%. Esta es la cruda realidad que todos conocemos, donde el 94% de los delitos no se denuncia y menos del 1% de los casos denunciados se resuelven. Tal vez, en lugar de enfocarse en el Poder Judicial, la presidenta debería prestar atención al Poder Ejecutivo, donde la verdadera reforma es más que urgente.

Las palabras de la presidenta deben ir acompañadas de un compromiso genuino hacia una verdadera democracia, una que escuche y responda a las necesidades más apremiantes de la gente. Esta democracia no puede ser un mero formalismo; debe ser un pacto de confianza entre el gobierno y sus ciudadanos, un compromiso de actuar en favor de la justicia, la igualdad y el bienestar común. Los mexicanos están listos para ser protagonistas en la construcción de un futuro más justo, pero necesitan líderes que no solo hablen de esperanza, sino que la hagan tangible.

La verdadera democracia exige reconocer y atender las realidades que enfrentan los ciudadanos a diario. No más discursos vacíos, no más promesas incumplidas. El pueblo mexicano merece un gobierno que encarne sus aspiraciones, que trabaje incansablemente por la seguridad, la salud y el bienestar de todos. La esperanza no es un lujo, sino un derecho que debe ser garantizado.

Sin embargo, aquí radica la ironía: en un país donde se nos habla de esperanza, donde los discursos se adornan con palabras de cambio y transformación, el pueblo se siente cada vez más atrapado en un espejismo. La realidad se desdibuja ante promesas que se desvanecen como humo, dejando tras de sí un eco de desilusión que resuena en cada rincón de nuestras calles. La esperanza, ese valor tan preciado, se ha convertido en un producto de consumo, empaquetada y vendida por un gobierno que prefiere mantener a su gente distraída con ilusiones vacías, mientras las verdaderas necesidades quedan relegadas al olvido.

¿Hasta cuándo seguiremos tragándonos este cuento de hadas? Porque en México parece que la fantasía no solo se reserva para los libros; se nos cuela en los discursos, en las promesas y en esos “cambios” que vienen en envoltorios cada vez más brillantes. Nos hablan de democracia, como si fuera una suerte de bálsamo para el alma, una fórmula mágica que, al pronunciarse, debiera curar todos nuestros males. Pero la realidad, esa vieja conocida que no miente ni disfraza, nos recuerda cada día que los discursos bonitos se quedan en eso: palabras bien dichas, pero poco hechas.

¿Qué será, entonces, lo que realmente queremos para México? ¿Será posible que nos hayamos resignado a vivir en un país donde la justicia y la igualdad sean ideales distantes, figuras en un mural desgastado por el tiempo? O, tal vez, en el fondo, quienes nos gobiernan creen que somos un pueblo al que se le puede mantener contento con palabras dulces y espejismos de esperanza. Pero, ay, si se dieran cuenta de que los mexicanos tenemos el sentido común para saber que vivir no es lo mismo que sobrevivir. Y que la dignidad no se vende, ni se negocia en discursos.

Es curioso,  porque uno pensaría que el primer paso hacia la transformación sería escuchar a los ciudadanos; y sin embargo, parece que nuestros líderes prefieren llenar el aire con promesas grandilocuentes que con actos. Tal vez, es que ellos mismos se han dejado engañar por sus propias palabras, creyendo que la esperanza se cultiva con discursos.

Pero, les confieso, este país no está para cuentos de hadas, ni para héroes de cartón. Aquí, lo que necesitamos es un compromiso de verdad, uno que esté dispuesto a enfrentar las verdades incómodas y que no maquille la realidad. Porque, la democracia no debería ser un escenario para el espectáculo de unos cuantos; debería ser el espacio donde todos, sin importar qué papel juguemos, podamos vivir con dignidad y respeto.

Así que, al empezar esta semana, no perdamos de vista lo esencial. Porque tal vez, solo tal vez, si el gobierno dejara de jugar con las esperanzas de su gente y se dedicara a actuar con la integridad que tanto anhelamos, podríamos, al fin, comenzar a construir el México que todos soñamos. Excelente inicio de semana, lectores.

“La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados.” — Groucho Marx.

Por Isidro Aguado Santacruz

En la escena política de México, el ritmo nunca se detiene; cada semana trae consigo una nueva coreografía que desdibuja las líneas de la democracia. Esta danza política se ha intensificado con la reciente aprobación del dictamen que establece la inimpugnabilidad de reformas constitucionales, un movimiento que despierta preguntas inquietantes sobre la salud de nuestro sistema democrático.

En una sesión marcada por la prisa y la tensión, el Senado decidió, con 24 votos a favor y 10 en contra, avanzar en un dictamen que modifica los artículos 105 y 107 de la Constitución. La decisión, que impide que las reformas constitucionales sean impugnadas, ha generado un alud de críticas. En este clima, la idea de un gobierno comprometido con la transparencia y la justicia se desdibuja ante la cruda realidad de decisiones apresuradas y no debatidas a fondo.

Este dictamen, que pretende blindar al poder ejecutivo de la supervisión judicial, es como un truco de magia: lo que parece ser un avance en la administración pública es, en realidad, un intento de eludir el control de las instituciones. En un teatro donde se aplauden los discursos sobre democracia, este movimiento podría resultar en una peligrosa concentración de poder.

Los senadores de la coalición oficialista, conformada por Morena, el Partido Verde y el PT, parecieron seguir un guion preestablecido, ignorando las advertencias de la oposición. El senador Marko Cortés, del PAN, alzó la voz, advirtiendo que esta propuesta es un ataque frontal a los derechos de los ciudadanos. “Es un juego de vencidas con el Poder Judicial”, afirmó, enfatizando la regresión en materia de derechos humanos que representa.

En el marco de esta discusión, la senadora Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, describió el proceso legislativo como un reflejo del miedo del gobierno a ser cuestionado. Este apuro no es más que un reconocimiento tácito de que, a medida que las reformas se aceleran, también lo hace la desconfianza en la capacidad del Estado para actuar en beneficio de sus ciudadanos.

La sobrerepresentación legislativa también se volvió un tema candente. La senadora Carolina Viggiano, del PRI, subrayó la incongruencia de que el oficialismo controle el 74% de las curules a pesar de haber obtenido solo el 54% de los votos. Este desajuste plantea serias dudas sobre la legitimidad de un sistema que, lejos de representar la voz del pueblo, parece estar diseñado para perpetuar el poder de unos pocos.

La danza continúa, y la pregunta es: ¿qué papel jugará la ciudadanía en este espectáculo? La presión pública es esencial para recordar a nuestros representantes que, aunque cambien los ritmos, la melodía de la democracia debe ser un canto colectivo. La participación activa y la exigencia de transparencia son las herramientas más poderosas en manos de la población para asegurarse de que su voz no se ahogue en el bullicio del poder.

Como menciono en mi libro “Tras las Cortinas del Poder”, las decisiones cruciales se toman en un espacio oculto, donde la fachada de la democracia se sostiene con hilos de control y manipulación. Aquí, la lucha por un sistema más justo y equitativo es continua. Mientras cada semana cambiamos de ritmo, es vital recordar que el verdadero desafío es exigir un cambio que resuene no solo en el salón del Senado, sino en cada rincón de nuestra sociedad.

Así, en este contexto de decisiones apresuradas y concentraciones de poder, se hace evidente que tras las cortinas del poder, la historia sigue escribiéndose. La lucha por la justicia, la equidad y la democracia no es solo tarea de los legisladores, sino también de todos nosotros, ciudadanos comprometidos que debemos reclamar nuestro lugar en este escenario. Excelente fin de semana, lectores.

“El poder corrompe a quienes lo buscan para servirse, y no para servir. Detrás del uniforme, a veces, sólo se oculta el rostro de la impunidad.”

Por Isidro Aguado Santacruz

El que alguna vez fue considerado el “súper policía” y símbolo de la lucha contra el crimen en México, Genaro García Luna, fue finalmente sentenciado el 16 de este mes. 

Un jurado estadounidense lo declaró culpable de cinco cargos, luego de escuchar durante días testimonios espeluznantes de criminales confesos, quienes describieron con lujo de detalles el entramado de corrupción que envolvía al exfuncionario. Tras casi cinco años de su captura en Texas, García Luna es ahora el funcionario mexicano de más alto rango en ser juzgado y condenado en Estados Unidos.

La sentencia fue una conclusión anticipada desde que el juicio de Joaquín “El Chapo” Guzmán reveló detalles perturbadores. El fiscal Richard P. Donohue afirmó que García Luna había recibido millones de dólares a cambio de someter a la Policía Federal a los intereses del narcotráfico, traicionando así la confianza pública que había depositado en él.

De acuerdo con un informe de ProPublica, las conexiones entre García Luna y el narco eran conocidas por la DEA antes de que abandonara su cargo en 2012, aunque las pruebas fueron inicialmente desestimadas por los fiscales de Houston. No obstante, en 2023, los cargos contra él se intensificaron, siendo el más grave su participación en una organización criminal, de acuerdo al código Penal de Estados Unidos, la pena mínima es de 20 años y una máxima de cadena perpetua.

Los testimonios de figuras del narco como Sergio Villarreal “El Grande” y Jesús Zambada “El Rey” no solo confirmaron los lazos de García Luna con el crimen organizado, sino que ofrecieron detalles de sobornos, reuniones secretas y cómo facilitaba la libre circulación de los narcotraficantes al otorgarles credenciales de la Policía Federal. 

Según Zambada, en 2005 García Luna recibió millones en efectivo para asegurar el nombramiento de un comandante afín al narco. Durante el juicio, García Luna decidió no testificar en su propia defensa, dejando esa tarea a su esposa, Cristina Pereyra, quien intentó justificar su fortuna, argumentando que todas las propiedades y bienes habían sido adquiridos legalmente, algo que la fiscalía estadounidense rechazó contundentemente.

En México, García Luna fue uno de los principales adversarios de López Obrador, quien utilizó su caso para reforzar su narrativa durante su sexenio. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló que el exsecretario de Seguridad desvió más de 745 millones de dólares a través de contratos públicos fraudulentos, beneficiando a familiares y socios. La red de corrupción que encabezaba García Luna involucraba lujos desmedidos, como autos Ferrari, Lamborghinis, yates y propiedades multimillonarias, todos adquiridos mientras se desempeñaba como servidor público.

La historia de García Luna no solo ha dejado una mancha en el gobierno de Felipe Calderón, quien se ha distanciado del exfuncionario desde su arresto en 2019, sino que también ha puesto en duda las estrategias de seguridad de ese sexenio. Calderón ha negado estar al tanto de las actividades ilegales de García Luna, argumentando que las operaciones policiales no dependían de una sola persona.

En septiembre pasado, desde la cárcel, García Luna publicó una carta en la que afirmó que la fiscalía estadounidense le ofreció un trato para reducir su condena a cambio de incriminar a políticos y figuras relevantes de México, especialmente a López Obrador. Según García Luna, el gobierno estadounidense buscaba desestabilizar la paz pública y la vida institucional del país.

La gran incógnita que queda en el aire es si, tras la caída de García Luna, el siguiente objetivo de las autoridades será un expresidente retirado en un rancho en Chiapas.

El juicio y condena de Genaro García Luna han revelado una sombría red de corrupción y complicidad que operaba tras las cortinas del poder en México. Más allá de la sentencia impuesta, este caso expone las profundas grietas en las instituciones que deberían haber protegido al país. Queda por ver si este es solo el inicio de una investigación más profunda, una que podría involucrar a figuras aún más poderosas del pasado reciente. Excelente fin de semana.

• “La historia no es solo lo que ocurrió, sino lo que recordamos y cómo lo interpretamos.” — John H. Arnold

Por Isidro Aguado Santacruz

Este viernes en “Cambio de ritmo”, como cada semana, hacemos una pausa en los temas actuales para reflexionar sobre hechos históricos que han marcado el curso de nuestra cultura y sociedad.

Hoy, nos detenemos en una fecha trascendental, una que sigue resonando a lo largo de los siglos. El 12 de octubre, un día que ha tenido distintos nombres y significados, nos invita a mirar atrás para entender mejor el presente. Acompáñenme en este recorrido, en el que desglosaremos el legado y la evolución de un evento que no solo transformó a España y América, sino que dejó huella en la historia mundial.

El 12 de octubre es un hito en la cronología de España y América Latina, conocido por varios nombres como Día de la Hispanidad, Día de la Raza o Fiesta Nacional de España. Esta conmemoración surgió, en un principio, para rememorar el arribo de Cristóbal Colón al continente americano en 1492, un suceso que cambió radicalmente el destino de varias civilizaciones. Con el paso del tiempo, la celebración ha ido tomando otros significados, convirtiéndose en un símbolo de reflexión sobre el intercambio cultural entre las naciones hispanohablantes.

Aunque este “Encuentro de Dos Mundos” tuvo como principales protagonistas a España y las tierras americanas, su repercusión fue de alcance global. Las ideas, los saberes científicos y las costumbres compartidas entre los pueblos indígenas y los colonizadores europeos impactaron de manera significativa en el desarrollo cultural de ambas partes. Este intercambio mutuo ha sido clave en la evolución de la humanidad, marcando un antes y un después en la historia mundial. Sin el legado de la hispanidad, el curso de la civilización habría tomado caminos muy diferentes.

Fue en 1892 cuando España declaró el 12 de octubre como su Fiesta Nacional, con motivo del IV centenario del descubrimiento de América. Este acontecimiento no solo impulsó la exploración de vastas tierras desconocidas, sino que también propició la expansión de la lengua y la cultura española en todo el continente americano.

Sin embargo, esta fecha no quedó anclada en el recuerdo de aquel momento histórico. En 1913, la Unión Ibero-Americana, una organización cuyo objetivo era estrechar los lazos entre España y América Latina, propuso celebrar la “Fiesta de la Raza” el 12 de octubre. Este concepto tenía la intención de destacar los vínculos culturales y lingüísticos que unían ambas orillas del Atlántico.

Uno de los mayores defensores de esta idea fue Manuel de Saralegui y Medina, director de la revista oficial de la Unión Ibero-Americana, quien en 1914 escribió un artículo explicando que la celebración debía ser una jornada para unir a todos los pueblos hispánicos en paz y fraternidad, más allá de victorias bélicas o derrotas.

El catedrático Antonio García Jiménez de la Universidad Rey Juan Carlos subraya que la idea de hacer del 12 de octubre una Fiesta Nacional en España provino de los propios países iberoamericanos. En 1918, España adoptó esta propuesta, convirtiendo la fecha en un día oficial de descanso nacional.

Al principio, las celebraciones tenían un carácter más cívico que militar. Pero en la década de 1920, la situación política y la guerra en Marruecos dieron mayor protagonismo al ejército en los actos conmemorativos, reflejando el espíritu patriótico de la época. Durante esos mismos años, el sacerdote Zacarías de Vizcarra propuso cambiar el nombre de la festividad a Día de la Hispanidad, señalando que el término “raza” no representaba la diversidad de los pueblos hispanoamericanos. Esta idea fue apoyada por el escritor Ramiro de Maeztu, quien argumentó en la revista Hispanidad en 1935 que “Hispanidad” debía entenderse como una unión cultural, no racial, al igual que el concepto de “Cristiandad”.

Con la llegada de la democracia a España, el Día de la Hispanidad fue oficialmente rebautizado en 1987 como Fiesta Nacional de España, un nombre que pretendía reflejar tanto la unidad como la diversidad del país, así como su conexión histórica con América Latina.

La conmemoración de 1992, coincidiendo con el V centenario del viaje de Colón, marcó un cambio de enfoque. En lugar de centrarse exclusivamente en el descubrimiento de América, se adoptó la noción de un Encuentro de Dos Mundos, una interpretación que buscaba equilibrar las perspectivas de ambas orillas del Atlántico y reconocer el impacto de este suceso tanto en los colonizadores como en las culturas indígenas.

En este Encuentro de dos mundos, es esencial reconocer que el 12 de octubre trasciende la mera conmemoración de un evento histórico. Esta fecha nos invita a reflexionar sobre el legado cultural compartido entre España y América Latina, así como sobre los desafíos que aún enfrentamos en la construcción de un futuro en el que la diversidad sea celebrada y respetada. Al mirar hacia atrás, encontramos no solo un pasado que nos une, sino también una oportunidad para fomentar el entendimiento y la fraternidad entre las naciones hispanohablantes, recordando que nuestro patrimonio común es un puente hacia el diálogo y la cooperación en el presente y el futuro.

_”La ciudad no es un problema, sino una solución; una máquina para vivir.”_

Le Corbusier

Por Isidro Aguado Santacruz

Cada semana en Cambio de Ritmo ajustamos la perspectiva abordando temas críticos que afectan la vida de miles de tijuanenses. Hoy, inspirado por una profunda conversación con el ingeniero civil Roberto Osuna Pelayo, quien cuenta con más de 15 años de experiencia en desarrollos inmobiliarios, es docente en la Escuela de Arquitectura, conferencista, presidente de la asociación civil ENLAC, activista de la comunidad LGTBIQ+ de Movimiento Ciudadano, exploramos uno de los mayores retos de nuestra ciudad: el tráfico.

Osuna Pelayo señala que el problema del tráfico en Tijuana es complejo, pero no imposible de resolver. Según datos del INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática), en 2023 Tijuana contaba con más de 1.8 millones de habitantes, lo que la convierte en una de las ciudades más densamente pobladas de México. Este crecimiento, combinado con una tasa de motorización que asciende a 434 vehículos por cada 1,000 habitantes, ha llevado a una saturación de la infraestructura vial. La Vía Rápida, una de las arterias principales de la ciudad, está constantemente congestionada debido al flujo de vehículos que buscan cruzar la frontera hacia Estados Unidos, algo que no solo afecta a los conductores sino a toda la dinámica urbana.

El ingeniero Osuna propone una solución pragmática: crear carriles exclusivos para el tráfico fronterizo, aprovechando el espacio disponible en el hombro del canal que cruza la ciudad. Esto permitiría descongestionar las rutas principales y agilizar el tránsito hacia Playas de Tijuana, una de las zonas más afectadas por el tráfico. Ciudades como Querétaro han implementado con éxito planes maestros que incluyen la reparación de baches en menos de 24 horas, una política que también podría aplicarse aquí. En este sentido, Tijuana necesita una planificación de infraestructura que no solo resuelva los problemas inmediatos, sino que proyecte soluciones a 20 años, tomando en cuenta el crecimiento urbano y vehicular.

Uno de los puntos que Osuna destaca con más énfasis es el fracaso del Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT) que, a pesar de ser una inversión significativa, no logro ofrecer una alternativa real al uso del automóvil. El SITT fue concebido como un proyecto de transporte masivo que reduciría la dependencia de los vehículos privados, pero los largos tiempos de espera y las rutas ineficientes lo convirtieron en una opción poco atractiva para la ciudadanía. Las cifras lo confirman: el INEGI reporta que en Tijuana solo el 16.5% de la población utiliza el transporte público para desplazarse, muy por debajo de otras ciudades como la Ciudad de México, donde el uso del transporte público supera el 50%.

Aquí surge la pregunta clave: ¿por qué el transporte público en Tijuana no funciona? Según Osuna, parte de la respuesta radica en la falta de un interés genuino por mejorar el servicio. El fracaso del SITT no fue una casualidad, sino el resultado de decisiones políticas y económicas que priorizaron intereses privados sobre el bien común. Para revertir esta situación, se necesita una transformación radical en la forma en que se conciben y gestionan los proyectos de movilidad.

Ciudades como Tokio y Shanghái han demostrado que un sistema de transporte público eficiente puede transformar la movilidad urbana. En estos lugares, los trenes subterráneos y los autobuses eléctricos no solo son rápidos y accesibles, sino que también operan con precisión y limpieza. En San Diego, el uso de semáforos inteligentes ha reducido los tiempos de espera al mínimo, utilizando sensores para ajustar el flujo vehicular en tiempo real. Este tipo de tecnología podría replicarse en Tijuana, donde los semáforos mal sincronizados son uno de los principales factores de congestión.

La comunidad LGTBIQ+, de la cual Osuna es un destacado activista, también juega un papel importante en este diálogo. Su lucha por la inclusión no se limita solo a los derechos sociales, sino también a crear una ciudad donde todos los ciudadanos, sin importar su identidad o expresión de género, puedan vivir y moverse libremente. “El transporte público es un derecho que debe ser accesible para todos,” señala Osuna. “La falta de un sistema eficiente afecta especialmente a las poblaciones más vulnerables, incluidas las personas LGTBIQ+, quienes muchas veces enfrentan mayores dificultades para acceder a servicios básicos debido a la discriminación.”

Esta visión inclusiva también tiene un impacto directo en la productividad económica. Según el INEGI, el tiempo promedio que un tijuanense pasa en transporte público es de dos a tres horas diarias, lo que representa casi el 15% del día. Este tiempo perdido no solo afecta a los trabajadores, sino a toda la economía local. La zona este de la ciudad, donde residen muchos trabajadores de sectores industriales y de servicios, es particularmente vulnerable. Los largos trayectos desde y hacia sus lugares de trabajo generan un ciclo de estrés y fatiga que merma la productividad.

En términos de inversión, es claro que la actual no es suficiente. Las obras de infraestructura vial se han quedado cortas frente al crecimiento de la ciudad. Osuna Pelayo sugiere que se deben explorar modelos de colaboración público-privada como los que se han implementado en otras ciudades del mundo. Proyectos de concesión de transporte, donde el sector privado financia y opera parte del sistema bajo regulaciones públicas, podrían ser una solución viable. Sin embargo esto debe hacerse con la garantía de que el servicio será accesible y eficiente para todos los ciudadanos, sin excepciones.

Finalmente, es esencial fomentar una cultura vial que promueva el respeto a las normas y la seguridad en las calles. El INEGI reporta que en 2022, Tijuana tuvo una tasa de 39.7 accidentes viales por cada 10,000 vehículos, una de las más altas del país. Osuna propone que se implemente un programa de educación vial obligatoria para infractores, con sanciones que incluyan desde multas hasta la asistencia a escuelas de manejo. Solo así podremos garantizar una mejora en el comportamiento de los conductores y un flujo vehicular más ordenado.

El XXV Ayuntamiento tiene la responsabilidad y la oportunidad de enfrentar estos desafíos con visión de futuro. Este nuevo gobierno local debe priorizar la mejora del transporte público y la modernización de la infraestructura vial como pilares de su gestión. Es imperativo que se implementen políticas públicas que faciliten la movilidad, no solo para reducir el tráfico, sino para mejorar la calidad de vida de todos los tijuanenses.

Además, debe prestarse especial atención a la coordinación con organizaciones civiles, como la que encabeza Osuna Pelayo, para asegurar que los planes de movilidad sean inclusivos y beneficien a toda la comunidad, incluidas las poblaciones vulnerables y las personas LGTBIQ+. Este ayuntamiento no puede seguir postergando soluciones; tiene en sus manos la capacidad de transformar Tijuana en una ciudad eficiente y accesible, con una visión sostenible de largo plazo.

En conclusión, Tijuana enfrenta una encrucijada. La falta de un sistema de transporte público eficiente, una infraestructura obsoleta y una cultura vial deficiente nos han llevado al borde del colapso. Pero las soluciones están al alcance. Con una planificación adecuada, una inversión inteligente y el compromiso de todos, podemos transformar nuestra ciudad en un ejemplo de movilidad y desarrollo para las próximas décadas.

• La educación no es preparación para la vida; la educación es la vida misma.” – John Dewey.

Por Isidro Aguado Santacruz

Hoy, como cada semana, en Cambio de Ritmo quiero ofrecer una reflexión profunda sobre los asuntos que el gobierno saliente deja inconclusos y, aún más críticamente, aquellos en los que como sociedad hemos fallado en cumplir con nuestras propias obligaciones.

Uno de los problemas más inquietantes sigue siendo la calidad insuficiente del sistema educativo en México, tanto en sus vertientes públicas como privadas. La situación actual es alarmante. Según los datos más recientes del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA), México se mantiene en el puesto 57 entre los países participantes. Este resultado, que refleja el nivel de habilidades de nuestros jóvenes en matemáticas, lectura y ciencias, es un claro indicador de que algo está muy mal en nuestra manera de educar y formar a las nuevas generaciones.

En su momento, se consideró la posibilidad de que México dejara de participar en PISA. Esta idea, que parecía justificada bajo el argumento de evitar una “mala imagen internacional”, fue finalmente desechada gracias a la presión social y a las voces de expertos que recordaron la importancia de tener herramientas para medir y comparar el rendimiento de nuestros estudiantes a nivel global. Sin embargo, la participación en esta evaluación no basta; es necesario preguntarnos por qué, después de tantos años, seguimos estando en el fondo de la tabla y qué estamos haciendo mal desde cada uno de nuestros roles en la sociedad.

Podría pensarse que la responsabilidad recae únicamente en las autoridades educativas, en las reformas mal implementadas o en las promesas incumplidas de inversión en infraestructura escolar. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. No podemos obviar el papel de los sindicatos magisteriales y sus disputas internas, que han impedido mejoras significativas en la calidad de la enseñanza. Tampoco podemos olvidar el impacto que tiene la deficiente formación de nuestros docentes. 

En muchos casos, quienes egresan de las escuelas normales exigen plazas automáticas sin demostrar competencia, y la ausencia de procesos rigurosos de selección solo perpetúa las carencias de nuestro sistema.

Pero el problema educativo no se limita a cuestiones estructurales o políticas. La crisis de valores y la falta de compromiso también están jugando un papel determinante. En generaciones pasadas, los padres de familia veían con orgullo que sus hijos tuvieran acceso a una educación superior; se trataba de un signo de progreso y de una oportunidad real para mejorar sus condiciones de vida. Hoy, el desinterés de algunos padres hacia la educación de sus hijos es evidente. 

Muchos ven la escuela simplemente como un lugar donde dejar a sus hijos mientras ellos cumplen con sus jornadas laborales. Esta actitud conformista contribuye a perpetuar el bajo rendimiento escolar y la falta de motivación entre los estudiantes.

Es cierto que la administración de la 4T introdujo el modelo de la “Nueva Escuela Mexicana”, que busca orientar la educación hacia una visión más social y menos tecnocrática, alejada del enfoque neoliberal que muchos consideraban elitista. Sin embargo, este nuevo enfoque también ha sido objeto de críticas. La falta de énfasis en habilidades científicas y tecnológicas no responde a las demandas del mundo actual, que exige profesionales cada vez mejor preparados en el manejo de tecnologías emergentes, análisis de datos y resolución de problemas complejos.

La implementación de este nuevo modelo, que supuestamente contó con la participación de padres y maestros en su diseño, no ha logrado disipar las dudas sobre su eficacia. ¿Están realmente preparados los egresados de este sistema para enfrentarse a la educación superior o al mercado laboral? La existencia de una gran cantidad de academias dedicadas exclusivamente a preparar a los estudiantes para aprobar los exámenes de ingreso a las universidades muestra que la educación básica y media superior no está cumpliendo con su misión formativa.

Además, el aprendizaje en México sigue estando muy orientado a la memorización, un método que resulta obsoleto en una era en la que la información está al alcance de un clic. 

En cambio, deberíamos fomentar el pensamiento crítico, la creatividad y la capacidad de adaptarse a un entorno cambiante. Países que han priorizado el desarrollo de estas competencias han visto mejoras notables en los resultados educativos y en la capacidad de sus jóvenes para integrarse a la economía global.

La verdadera solución no vendrá únicamente del gobierno. Como sociedad, tenemos una deuda con nuestras futuras generaciones. Los padres deben involucrarse activamente en el proceso educativo de sus hijos, inculcando valores y promoviendo la curiosidad y el amor por el conocimiento. El esfuerzo compartido entre autoridades, maestros, padres y estudiantes es el único camino hacia una educación que prepare a nuestros jóvenes para enfrentar los desafíos del futuro.

Finalmente, es importante destacar que los problemas educativos están conectados con otros desafíos que hemos discutido aquí en Cambio de Ritmo: la calidad de nuestra democracia, la paz social y la reforma del poder legislativo. Todos estos asuntos requieren de una ciudadanía informada, comprometida y crítica. Necesitamos dejar de esperar que el gobierno resuelva todos los problemas y comenzar a asumir nuestra responsabilidad. 

No podemos permitir que la educación, uno de los pilares más importantes de cualquier sociedad, se convierta en una herramienta de manipulación política. En lugar de eso, debe ser un esfuerzo conjunto para construir un mejor futuro para todos.

Como bien dijo Nelson Mandela: “La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo”. Si queremos que México alcance el lugar que merece en el escenario internacional, debemos empezar por cambiar la manera en que educamos a nuestros hijos, y para lograrlo, necesitamos un cambio de mentalidad en cada hogar, en cada escuela y en cada rincón de nuestra sociedad. El tiempo de actuar es ahora. Excelente fin de semana lectores.