• La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda no ha querido, o no ha podido, alcanzar los objetivos y compromisos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo. La gestión actual mantiene la mediocridad educativa y el deterioro social en la entidad

Por: Alfredo J. Postlethwaite Duhagon*

El análisis del Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2022-20027 revela que, a pesar de las altas expectativas generadas en torno a la transformación educativa, la falta de seguimiento y la ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas han limitado severamente el impacto esperado en el sistema educativo de Baja California.

Hasta la fecha la gobernadora Marina del Pilar Ávila no ha querido o podido alcanzar los objetivos y compromisos principales establecidos en el PED. Las promesas de cambio no se han concretado; la gestión actual mantiene la mediocridad educativa y el deterioro social en el estado.

El PED se fundó con metas, estrategias y políticas para promover el desarrollo estatal, definidas mediante consultas públicas con actores y expertos educativos hace cuatro años. El plan propone una estrategia a mediano y largo plazo para mejorar los resultados de aprendizaje en la educación básica y media superior, afectados notoriamente tras la pandemia de COVID-19.

Se definieron indicadores específicos que crearon expectativas favorables sobre la posibilidad de un cambio propositivo en la calidad, cobertura y equidad en la educación. No obstante, si las acciones contempladas no se ejecutan oportunamente y con eficacia, el plan podría no alcanzar sus objetivos, lo que generaría consecuencias muy graves para la sociedad.

Tras cuatro años de gestión gubernamental, los apoyos destacados en el informe oficial parecen orientarse prioritariamente hacia la proyección política de la gobernadora, en lugar de incidir directamente en la mejora de los procesos educativos. El contenido del discurso no aborda de manera integral los desafíos de mayor relevancia e impacto, como lo demuestran las brechas persistentes en comprensión lectora, matemáticas, educación bilingüe y ciencias en los alumnos.

En Baja California, tras completar nueve años de educación básica, únicamente dos de cada diez estudiantes del nivel medio superior logran desarrollar las competencias necesarias para acceder a la educación superior, mientras que cuatro de cada diez abandonan sus estudios, muy por debajo de los estándares internacionales. BC se estanca, mientras el mundo avanza.

Persisten problemas sin resolver como infraestructura, capacitación docente, evaluación independiente, jornada escolar, gestión, conectividad digital, deuda con maestros y deficiencias curriculares.

Ante este panorama, resulta indispensable fortalecer los mecanismos de supervisión y transparencia, tal como lo establece con toda claridad el PED, así como promover una mayor participación de la sociedad civil (consejo estatal y municipales) en la toma de decisiones y  evaluar el grado de cumplimiento de los indicadores que permitan medir objetivamente (consejo estatal técnico-independiente) los resultados alcanzados y ajustar las estrategias conforme a las verdaderas necesidades del sector educativo.

La situación exige respuestas decididas y rápidas por parte de la gobernadora Marina del Pilar, quien debe coordinar el trabajo interinstitucional y fomentar el monitoreo ciudadano como elementos clave para lograr un impacto efectivo en el ámbito educativo. De lo contrario, el PED podría convertirse en otro proyecto sexenal fallido en materia educativa, lo que tendría graves consecuencias para todos. 

La falta de resultados concretos ha provocado preocupación y reducido la confianza entre quienes integran la comunidad educativa, quienes piden acciones inmediatas en lugar de declaraciones optimistas para enfrentar y solucionar la situación crítica. Además, consideran que tanto el tiempo como la tolerancia son recursos escasos.

*El autor es empresario mexicalense, ex presidente de la Coalición para la Participación Social en la Educación (Copase) en el estado y un ferviente impulsor de la educación con calidad

*“Tijuana es una ciudad hecha de ausencias, de fragmentos, de historias que se desvanecen en el tiempo, una urbe que no se detiene porque sabe que su destino es seguir siendo frontera, tránsito y transformación.”

—Luis Humberto Crosthwaite, Tijuana: crónica de un sueño (2002)

Por Isidro Aguado Santacruz

Tijuana cumple 136 años, y sin embargo, nadie puede señalar con certeza cuándo comenzó realmente a vivir esta ciudad fronteriza, espinosa y luminosa como un relámpago. La fecha oficial —el 11 de julio de 1889— es, como tantas veces sucede en los archivos del Estado, una convención política, una firma más en el extenso expediente de los olvidos. Porque Tijuana no nació con ese decreto. Tijuana emergió, se deslizó, creció, resistió. No fue fundada: fue sobrevivida.

Antes de que alguien pensara en levantar actas o definir jurisdicciones, la vida ya florecía aquí. Con la mirada puesta en el Pacífico y los pies en la tierra de los Kumiai y Tipai, este paraje era tránsito y destino, asentamiento y nómada, cosecha, canto y rito. La palabra “Tijuana”, según algunos estudios antropológicos, proviene del vocablo Tikuan, que los indígenas usaban para señalar el cerro rojo que aún vigila el valle: el cerro de la tortuga. Aquella voz originaria no hablaba de fronteras ni de soberanías: hablaba de orientación, de raíces, de espiritualidad natural.

La historia —la verdadera, no la que se imprime en folletos turísticos— se construye con huesos, no con placas conmemorativas. En 1829, el rancho de Tijuana ya era propiedad de la familia Argüello. Para 1833 había bautismos registrados, y mapas del siglo XVIII ya nombraban este rincón. Es decir: cuando el decreto de 1889 llegó, la ciudad ya tenía al menos sesenta años de experiencia vital. En otras palabras: no fue un nacimiento, sino un reconocimiento tardío, una aceptación de lo que ya palpitaba con fuerza en la piel de la tierra.

Hoy, esta ciudad, arrinconada entre el muro y el mar, con más de dos millones de habitantes, es la frontera más visitada del mundo. Pero más allá de los números —que por sí solos pueden hipnotizar— lo importante es preguntarnos: ¿cómo se hizo esta ciudad? ¿Por qué, a pesar de su aislamiento geográfico, su lejanía con el resto del país, y los estigmas que la han perseguido, Tijuana sigue creciendo como una bestia indomable, como una promesa sin término?

La respuesta no está en los planos urbanos ni en las oficinas del orden. La respuesta está en los cuerpos. En los migrantes que llegaron aquí sin nombre, buscando refugio. En los braceros que cruzaron para cultivar tierras ajenas. En los jóvenes que, entre sueños y derrotas, escribieron con su presencia un nuevo alfabeto urbano. En los músicos del barrio, los poetas sin academia, las mujeres que vendían tamales en las esquinas y criaban hijos con tenacidad heróica.

La historia dejó marcas visibles: la vieja posta aduanal de 1874 en lo que hoy es la Zona Norte, testigo del tránsito y del trueque. El Hotel Caesar, donde nació la ensalada más famosa del mundo, símbolo de esa mezcla inverosímil entre el sabor local y el paladar global. El Casino Agua Caliente, abierto en 1928, con sus torres moriscas y su pista de carreras, fue un ícono del exceso, un templo del hedonismo que atrajo a Rita Hayworth, a Bing Crosby, a Rodolfo Valentino. En sus pasillos se apostaban fortunas mientras al otro lado del muro se prohibía el alcohol. Y ahí mismo, en sus aguas termales, se inventaba también una ciudad alterna: luminosa y decadente, violenta y encantadora.

Ahí trabajaron figuras como Margarita Ortega Valdés, revolucionaria nacida en esta tierra, una mujer que desafió los moldes de su tiempo y luchó junto a los magonistas. Tijuana también fue refugio para Guillermo Blake, periodista incómodo, voz crítica que dejó huella en el periodismo regional. Y en el viejo Hipódromo de Agua Caliente, galopaban sueños entre la élite californiana, mientras los obreros y peones que lo construyeron levantaban otra ciudad en las sombras, sin nombre ni recompensa.

El siglo XX fue pródigo en dolores y milagros para esta ciudad. La Revolución Mexicana convirtió a Tijuana en un refugio. La Ley Seca en Estados Unidos, en una oportunidad dorada. Pero también trajo el estigma: el de ciudad de excesos, de corrupción, de bordes sin ley. La historia oficial prefirió recordar los destellos, pero la historia profunda, la que se vive en las calles, sabe que el esplendor y la miseria nacieron juntos.

Desde entonces, Tijuana ha sido escenario de una tensión brutal: entre lo que se desea proyectar y lo que realmente es. Se ha intentado construir una narrativa limpia de esta ciudad, una urbe cultural, moderna, vibrante. Pero ese discurso, a veces necesario, suele omitir los arrabales, los desalojos, los feminicidios, la pobreza extrema, el narcomenudeo, los cuerpos abandonados en lotes baldíos.

No se puede amar Tijuana sin aceptar sus heridas.

Y sin embargo, incluso desde las sombras, hay resistencia. Hay cultura que florece sin permiso. Hay identidad que se forja en el conflicto. Porque esta ciudad es también laboratorio social, punto de encuentro, bisagra entre el sur que sueña y el norte que vigila. Tijuana no es México del todo, ni tampoco Estados Unidos: es su propio experimento, su propio error y su propio acierto.

“En Tijuana no se habita el tiempo; se sobrevive el instante”, escribe Heriberto Yépez, en una de las más certeras reflexiones sobre esta urbe transfronteriza. Porque aquí el pasado es sospechoso y el futuro incierto. “Tijuana no tiene memoria porque tiene prisa. Es una ciudad que no recuerda porque no puede detenerse”.

También lo sabía Luis Humberto Crosthwaite, quien desde la literatura supo atrapar esa brutalidad lírica que habita en sus calles. O el dramaturgo Óscar Liera, quien alguna vez dijo que Tijuana era un escenario perfecto para el absurdo, porque aquí todo lo posible se vuelve inevitable.

En medio del ruido, entre la nostalgia y el asombro, vale la pena recordar que lo que hace única a esta ciudad no es su geografía, ni su economía, ni su historia glamorosa. Es su capacidad inagotable de reinvención. Es su gente, que viene, se queda o se va, pero siempre deja una huella. Es la posibilidad que aquí encuentra quien ya no encuentra nada en otra parte.

Cumplir 136 años debería ser una ocasión para mirar con honestidad, para abandonar el mito y abrazar la complejidad. Tijuana no necesita más aniversarios, necesita memoria. No necesita más fuegos artificiales, sino justicia urbana, dignidad para sus colonias más golpeadas, un relato que no excluya a nadie.

Porque, en el fondo, cada ciudad es un espejo. Y el rostro que nos devuelve Tijuana no es siempre el que queremos ver, pero es el que hemos construido todos. Celebrarla, entonces, no es sólo cantar su pasado, sino comprometernos con el futuro que aún merece.

Feliz no-natalicio, Tijuana. Porque nunca naciste… pero siempre estuviste viva.

Adaptarse al compás de la vida no es tarea sencilla; en Cambio de ritmo, intento no perder el paso. Que tengas un excelente fin de semana lector.

_“No podemos resolver problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos.”_

— Albert Einstein

Por: Isidro Aguado Santacruz

Hoy, en Cambio de Ritmo, lectores, quiero hablarles de nuestra ciudad… pero a manera de historia.

Era de noche y llovía. De esas lluvias que no sólo mojan, sino que parecen querer arrancarle el polvo a la ciudad a fuerza de gotas densas y persistentes. Un joven repartidor, casco en mano y mochila empapada a la espalda, esquivaba charcos como quien sortea abismos. Al llegar a la esquina de la 5 y 10, su moto patinó sobre una costra de aceite mezclada con basura. Cayó. Se levantó sin drama. No era la primera vez. Dijo algo entre dientes y volvió a montar. A pocos metros, una coladera rebosaba desechos arrastrados desde colonias enteras. Nadie parecía sorprenderse. Nadie se inmutó.

Imaginemos que a esa escena llega un forastero, alguien que no conoce Tijuana, y presencia todo esto por primera vez. Podría pensar que fue un accidente aislado, producto del azar. Pero si camina unas cuadras más, si se atreve a recorrer la ciudad sin filtros, notará que no fue la lluvia la que provocó el caos. Fue la costumbre. La costumbre de vivir encima de la basura y debajo de las promesas.

Pero de pronto, como un eco que se multiplica en espectaculares, redes sociales y notas oficiales, escucha una consigna casi heroica: “Tijuana, Ciudad Limpia”. Y uno pensaría —por un instante breve, casi ingenuo— que detrás de esa frase hay un proyecto urbano serio, integral, de fondo. Hasta que camina unas cuadras más.

No escribo estas líneas con ánimo de golpear, ni por afán de criticar por criticar. Mis letras no son un dedo flamígero, sino una herramienta para escarbar, entender, proponer. Quien escribe ama esta ciudad, pero como todo amor sincero, no cierra los ojos ante lo evidente. Y lo evidente, lamentablemente, es que Tijuana no está limpia. Ni en la superficie, ni en sus raíces.

¿Cuántas veces nos han prometido lo mismo con distinto nombre? Desde los años noventa con programas como “Una ciudad para todos” o “Tijuana Bonita”, hasta esta versión mediática y bien maquillada de “Ciudad Limpia”, el guión ha cambiado poco: brigadas fotogénicas, escobas nuevas, pintura sobre baches viejos, y muchos contratos de servicios que se reparten más rápido que el polvo que levantan.

Datos del INEGI revelan que más del 40% de las viviendas en zonas populares de Tijuana carecen de recolección de basura constante. Según la Secretaría de Medio Ambiente local, cada tijuanense genera en promedio 1.2 kg de residuos diarios, lo que representa más de 2,000 toneladas de basura al día. Sin embargo, el sistema de recolección logra cubrir apenas el 70% del total, dejando más de 600 toneladas diarias sin recoger, que terminan en arroyos, terrenos baldíos o drenajes colapsados.

Y no se necesita un informe técnico para constatarlo: caminen por la colonia 3 de Octubre, por Camino Verde, la Sánchez Taboada, la Libertad o la Francisco Villa. Calles donde el camión pasa cuando puede, cuando no se descompone, cuando no hay paros laborales por falta de pago. Lugares donde el 072 ya es un número simbólico que pocos marcan… y menos aún esperan respuesta.

Y es ahí, entre bolsas de basura acumuladas y la resignación cotidiana, donde surge la verdadera pregunta: ¿quién se beneficia de estos programas de limpieza? ¿Son para la ciudadanía o para quienes adjudican contratos y se toman la foto de rigor?

En Tijuana, las lluvias ya no limpian: destapan. Nos enfrentan con lo que escondimos durante meses. Las alcantarillas colapsan no solo por hojas o tierra, sino por toneladas de residuos que jamás debieron llegar ahí. Cada tormenta —como la de enero pasado— inunda colonias completas porque los arroyos están tapados, las pendientes saturadas y el sistema pluvial superado. Y sin embargo, seguimos improvisando. Seguimos actuando como si bastara un barrido superficial para resolver un problema estructural.

Otros países han enfrentado desafíos similares. En Japón, por ejemplo, el reciclaje es una responsabilidad compartida: los ciudadanos separan, limpian y entregan su basura según normas estrictas. No hay camiones de basura diarios, sino civismo diario. En Bogotá, con su programa “Cultura Ciudadana”, se logró cambiar hábitos colectivos y recuperar el respeto por el espacio público sin depender de espectaculares ni promesas huecas. Y sin ir tan lejos, Medellín transformó su sistema de residuos integrando rutas ecológicas, tecnología de geolocalización, sanciones efectivas y participación barrial. No lo hicieron con discursos, sino con voluntad, planeación y honestidad.

Aquí propongo —no desde la arrogancia, sino desde la urgencia— algunos pasos que podrían ayudar:

Primero, una reestructuración real del sistema de recolección de residuos, con incentivos ciudadanos, rutas funcionales y vigilancia digital.
Segundo, educación ambiental desde preescolar, que forme una generación menos tolerante con el descuido.
Tercero, recuperar el espacio público como símbolo de dignidad, no como escaparate de campaña.
Cuarto, implementar zonas limpias como zonas modelo, donde se capacite, se mida el impacto y se replique.
Y quinto, sancionar a quienes desvían recursos bajo programas fantasmas, porque la basura también tiene cómplices de cuello blanco.

La ciudad no se limpia con escobas ni con slogans. Se limpia con políticas públicas serias, con ética pública, con ciudadanía activa. Y sobre todo, con la capacidad de mirar el problema de frente.

Porque Tijuana no merece más maquillaje, ni otro programa fugaz. Merece una limpieza profunda. De sus calles, de sus sistemas… y de su discurso.

Adaptarse al compás de la vida no es tarea sencilla; en Cambio de ritmo, intento no perder el paso. Que tengas un excelente inicio de semana lector.

*Teuchitlán: La escuela del horror y el silencio culpable*

_”El hombre es un monstruo para el hombre.”_  — Edgar Allan Poe

Por Isidro Aguado Santacruz

Antes de cualquier palabra, un momento de respeto. A las víctimas, a sus familias, a quienes buscan a sus desaparecidos en el polvo y la ceniza de un país que se ha acostumbrado al dolor. México no puede seguir con la cabeza agachada ante la barbarie.

Teuchitlán no es solo un punto en el mapa de Jalisco; es la evidencia de un país roto, donde la muerte dejó de ser noticia para volverse rutina. El hallazgo de un campo de exterminio operado con impunidad debería estremecer a la nación. Pero no lo hace.

No fue la Fiscalía, ni el Ejército, ni el Gobierno quien destapó este infierno. Fueron las Madres Buscadoras, esas mujeres que han aprendido a escarbar con las uñas porque saben que sus hijos no volverán si esperan respuestas oficiales. Guerreros Buscadores de Jalisco, otro colectivo de resistencia, alzó la voz mientras el gobierno miraba hacia otro lado. Porque lo sabían, lo supieron siempre, y, callaron.

Hace un año, la Guardia Nacional y la Fiscalía de Jalisco irrumpieron en el rancho Izaguirre y liberaron a varias personas secuestradas. Se llevaron a algunos criminales disfrazados de víctimas, minimizaron el hecho y dejaron que el caso se esfumara en el aire. El entonces gobernador, Enrique Alfaro, prefirió ignorarlo, como ignoró la desaparición de ocho empleados de un call center en 2023. Como ignoró a los tres estudiantes de cine que, en 2018, fueron disueltos en ácido bajo el gobierno de Aristóteles Sandoval, asesinado dos años después en una plaza que ya no le pertenecía al Estado, sino al cártel.

Pero esto no empezó en Jalisco, ni en este sexenio.

En los últimos 20 años, el Estado ha perdido el control de vastos territorios, permitiendo que el crimen organizado imponga su ley con más eficiencia que cualquier gobierno. Desde que Felipe Calderón declaró la guerra al narco en 2006, más de 400,000 mexicanos han sido asesinados y al menos 110,000 han desaparecido. Su estrategia, ejecutada con torpeza y brutalidad, pulverizó la estructura de los grandes cárteles, pero no los eliminó. Los fragmentó. Y con cada célula que se independizó, la violencia se multiplicó.

Enrique Peña Nieto intentó ocultar la realidad con discursos y cifras maquilladas, mientras Tamaulipas se llenaba de fosas clandestinas y Michoacán caía en manos de las autodefensas.

Andrés Manuel López Obrador prometió paz con su política de “abrazos, no balazos”, pero terminó entregándole territorios completos a los criminales. Su negativa a enfrentar a los líderes del CJNG permitió que expandieran su control en Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Baja California. Cuando el Ejército capturó a Ovidio Guzmán en 2019, lo liberó horas después, cediendo ante la presión del Cártel de Sinaloa. Un mensaje claro: el gobierno no manda.

A Teuchitlán lo llamaban “La Escuelita”. No porque enseñara matemáticas o historia, sino porque allí, con el miedo como maestro, formaban a los futuros verdugos del país. Jóvenes reclutados con engaños, sometidos a torturas, obligados a matar o morir. Se practicaba tiro con señales de tránsito. Se aprendía a desmembrar cuerpos, a hacerlos desaparecer. Se comía carne humana.

Los testimonios hielan la sangre:

“Preguntaban si alguien quería irse. A los que decían que sí, los mataban enfrente de todos.”

“Nos hacían desnudarnos para ver si teníamos chips en el cuerpo.”

“Si no hay cuerpo, no hay delito.”

No es una historia aislada. En 1996, el Cártel de los Arellano Félix convirtió a Tijuana en un matadero. En 2010, los Zetas hicieron lo mismo en San Fernando, Tamaulipas, secuestrando y ejecutando migrantes. En 2023, en Lagos de Moreno, cinco jóvenes fueron grabados mientras eran obligados a matarse entre ellos. Nada de esto es nuevo. Lo nuevo es el descaro con el que se normaliza.

El expresidente López Obrador supo siempre que los líderes del CJNG operaban alrededor del Lago de Chapala. No ordenó su captura. Solo pidió que los “tuvieran vigilados”. Enrique Alfaro, aterrorizado en los últimos meses de su gobierno, pasaba más tiempo en Los Ángeles que en Jalisco. La Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz Manero, ahora promete investigar, como si la verdad no llevara años descomponiéndose bajo la tierra.

Este no es solo el saldo de un sexenio, sino de un país que ha permitido que el crimen organice su propia sociedad paralela, donde la vida y la muerte se negocian como mercancía.

¿Y Ahora Qué?

Claudia Sheinbaum tiene la oportunidad de demostrar que no es solo la continuidad de un gobierno que dejó crecer este monstruo. Puede hacer lo que no hizo su antecesor: enfrentar la impunidad.

Pero no lo hará sola. No puede. La pregunta es: ¿seguirá México tragándose su propio horror o será Teuchitlán el punto de quiebre?

Porque este país no es solo números, ni cifras de muertos, ni fosas llenas de huesos. Es la tierra de quienes aún resisten, de quienes buscan justicia, de quienes se niegan a aceptar que la violencia es nuestro destino.

Hay madres que siguen buscando a sus hijos con las manos en la tierra, con la esperanza intacta, porque saben que rendirse es lo que el poder espera. Hay jóvenes que, a pesar del miedo, alzan la voz en redes sociales, en marchas, en cada rincón donde se pueda gritar que vivir en paz no debería ser un privilegio.

México no puede aceptar el horror como rutina. No podemos ser el país donde la gente desaparece y nadie pregunta por ellos. No podemos vivir bajo la sombra del miedo.

Si permitimos que la indignación muera, si dejamos de gritar, si normalizamos lo inaceptable, entonces el silencio será nuestra última lápida. Pero mientras haya una voz que se atreva a romperlo, mientras haya una madre que busque, un periodista que denuncie, un joven que resista, habrá esperanza.

México no está muerto. México sigue luchando. Y esa es la única razón por la que aún hay futuro.

Que este fin de semana sea un espacio para la reflexión. La historia se escribe día a día, pero también se mancha con la sangre de los que ya no están. Honremos su memoria exigiendo justicia, recordando sus nombres y negándonos a ser espectadores del horror. Que el silencio nunca sea nuestra respuesta.

México en la mira: El ultimátum de Washington

_”El precio de la impunidad es la perpetuación del crimen en el poder.”_

Por Isidro Aguado Santacruz

En los últimos días, la relación entre México y Estados Unidos ha tomado un rumbo que podría tener implicaciones profundas en la política nacional. Aunque algunas noticias han sido alentadoras, como la suspensión temporal de aranceles, la mayor inquietud proviene de Washington, donde la administración de Donald Trump ha dejado en claro su intención de enjuiciar a políticos mexicanos con presuntos vínculos con el crimen organizado. 

La presión se ha intensificado y el gobierno estadounidense no solo exige cooperación en estas investigaciones, sino que ha insinuado posibles represalias si no hay avances significativos en el corto plazo.

El Departamento de Estado ha sostenido reuniones con representantes del gobierno mexicano para plantear un acuerdo de cooperación que permita identificar, detener y extraditar a funcionarios vinculados con organizaciones criminales. Esta petición, sin precedentes en su alcance, viene acompañada de una advertencia: si no se registran resultados antes del 2 de abril, fecha clave para la revisión de aranceles, Washington podría hacer públicas sus acusaciones. De materializarse esta amenaza, el impacto político sería devastador, ya que la revelación de nombres específicos en Estados Unidos desataría un escándalo que pondría en entredicho la estabilidad del gobierno de Claudia Sheinbaum y la credibilidad de toda la clase política mexicana.

Lo que hace particularmente grave esta situación es que nunca antes se había reunido tanta evidencia sobre la infiltración del crimen organizado en el ámbito político. Informes de agencias de inteligencia y declaraciones en tribunales estadounidenses han revelado que diversos actores del poder han mantenido relaciones con cárteles, ya sea mediante financiamiento de campañas, protección institucional o acuerdos para facilitar el tráfico de drogas. Estas investigaciones han generado alarma dentro de Morena, donde dos gobernadores se encuentran bajo la lupa en indagaciones conjuntas: Rubén Rocha Moya, de Sinaloa, y Américo Villarreal, de Tamaulipas. Ambos han sido señalados por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y con redes de robo de combustible que, según reportes, financiaron hasta ocho campañas de Morena en 2021. Sin embargo, la lista no termina ahí, pues se especula que importantes figuras legislativas, como Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal, también podrían ser incluidas en la investigación.

Adán Augusto, exsecretario de Gobernación, ha sido acusado por el actual gobernador de Tabasco, Javier May, de haber colocado a un supuesto líder criminal en un cargo clave dentro de la seguridad estatal. Ricardo Monreal, por su parte, enfrenta cuestionamientos debido a su cercanía con grupos criminales en Zacatecas y su relación con Pedro Haces, un legislador que enfrenta investigaciones en Estados Unidos. Estos señalamientos han generado una gran incertidumbre, ya que cualquier acción judicial de Washington podría provocar un reacomodo en la estructura de poder de Morena y del Congreso mexicano.

Las declaraciones judiciales en los procesos contra Joaquín “El Chapo” Guzmán y el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, han revelado información comprometedora sobre políticos mexicanos. Documentos y testimonios protegidos han señalado que diversos funcionarios habrían recibido financiamiento de grupos como La Familia Michoacana y la organización de Rafael Caro Quintero. Más aún, las indagatorias sugieren que el expresidente Andrés Manuel López Obrador podría estar bajo escrutinio, ya que su nombre ha sido mencionado en relación con posibles financiamientos ilícitos.

Hasta ahora, el gobierno estadounidense ha manejado con prudencia esta información, evitando tomar medidas drásticas para no desestabilizar a su vecino del sur. Sin embargo, la solicitud de cooperación representa un cambio en la estrategia: en vez de actuar unilateralmente, Washington busca que la administración de Sheinbaum participe activamente en la lucha contra la narcopolítica. Para la presidenta, este escenario representa un dilema complejo. Por un lado, aceptar la colaboración de Estados Unidos le permitiría depurar el panorama político y deshacerse de figuras que podrían representar un obstáculo para su gobierno. Sin embargo, esta opción también conlleva riesgos, ya que abrir una investigación de tal magnitud podría exponer conexiones incómodas dentro de su propia administración.

Si el gobierno mexicano opta por aceptar el acuerdo a nivel diplomático, las indagaciones se manejarían con discreción en sus primeras etapas, evitando así un desgaste político inmediato. No obstante, una vez iniciado el proceso, no habría marcha atrás. La presión de Washington no permitiría detener las investigaciones, incluso si estas alcanzaran niveles que la administración de Sheinbaum preferiría evitar. Para la presidenta, este momento podría definir el rumbo de su mandato. Si decide colaborar, México podría avanzar hacia un escenario en el que el crimen organizado pierda influencia en la política, pero a costa de una crisis interna en Morena. Si, en cambio, opta por resistirse, se arriesga a que Estados Unidos actúe por su cuenta, lo que podría derivar en un escándalo internacional de gran magnitud.

El plazo del 2 de abril será decisivo. En las próximas semanas se definirá si México y Estados Unidos logran establecer un mecanismo de cooperación sin precedentes o si la administración Trump opta por actuar unilateralmente. Más allá de las relaciones diplomáticas, lo que está en juego es la estabilidad política de México y la confianza en sus instituciones. Durante décadas, el narcotráfico ha sido una pieza clave en la vida política del país, pero este podría ser el principio del fin para la impunidad. La gran incógnita es si el gobierno de Sheinbaum está dispuesto a enfrentar esta tormenta o si, una vez más, la corrupción logrará blindar a quienes han hecho de la política un negocio al servicio del crimen.

El tren de la locura: 99% de subsidio

Por Pablo Hiriart

* De diciembre del año pasado al cierre del tercer trimestre de este año, el Tren Maya ha recibido subsidios por 11 mil 862 mdp para su operación

Si alguien quiere una radiografía de la locura hecha gobierno, ahí está el Tren Maya, proyecto insignia de Andrés Manuel López Obrador.

Es más que una locura: es un delito.

De diciembre del año pasado al cierre del tercer trimestre de este año, el Tren Maya ha recibido subsidios por 11 mil 862 millones de pesos para su operación.

Y ha generado, en ese mismo periodo, 134 millones 940 mil pesos.

Es decir, el tren de AMLO opera con 98.9 por ciento de subsidios y 1.1 por ciento de ingresos propios, como lo explicó ayer en estas páginas una pormenorizada nota de Aldo Munguía.

¿Se entiende ahora por qué ningún grupo empresarial participó en las licitaciones para la concesión de alguno de los tramos del trenecito del presidente?

Luego el gobierno les ofreció a los empresarios las concesiones de manera gratuita: tengan, opérenlo. Nadie lo quiso.

Obvio, porque un empresario tiene la obligación de no perder dinero cuando emprende un proyecto.

El gobierno también está obligado a no perder con la ejecución de obras, y sin embargo Morena lo hizo.

Lo hizo por tres razones: porque el dinero no sale de la bolsa de los morenistas, sino de los impuestos y préstamos que pagamos los ciudadanos.

Como el dinero no es de ellos, tírese. Y se seguirá tirando porque la viabilidad financiera del tren es nula.

Segundo, el gobierno de Morena lo hizo porque no tendrá consecuencias legales, pues la Constitución y las leyes no rigen para el grupo en el poder.

Y lo hacen porque se trata de un capricho (demencial) del jefe de la secta hecha partido, a quien nadie se atreve a contradecir.

Sólo 1.1 por ciento del gasto de operación del Tren Maya se recupera. ¿No es de locos?

Ese dispendio es aparte de los 515 mil millones de pesos que ha costado la construcción de la obra, de acuerdo con los datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Proyectaron que el costo total de la obra iba a salir en 156 mil millones de pesos, y ya va en 515 mil millones a diciembre de este año, más lo estimado para 2025 en el Presupuesto de Egresos de la Federación: 40 mil 800 millones de pesos.

Y el trenecito requiere de 98.9 por ciento de subsidios para seguir operando.

Esta locura se explica, también, porque la obra ha sido una escandalosa fuente de corrupción.

Con todo y que sellaron por 15 años la información de cómo se gasta el dinero de los ciudadanos en esa obra, el buen periodismo ha develado algunas puntas de las torres de esa catedral de la corrupción cuatroteísta.

Latinus ha mostrado cómo se asignan contratos multimillonarios a los allegados de López Obrador: jóvenes sin capital y ninguna experiencia, a los que les vale madre si el tren se descarrila… “ni pedo”, dicen.

En las obras del tren, informó Latinus, se utilizó gasolina robada a Pemex a través del huachicol. Delito sobre delito.

“Pruebas”, exige el gobierno actual, en lugar de investigar a fin de defender el patrimonio público que temporalmente se les ha confiado.

En un espléndido reportaje de Alhelí Salgado, que se publicó este domingo en El Universal, la periodista exhibe los contratos del gobierno con una empresa para encargarla de ahuyentar o matar a la “fauna nociva” para el tren de López Obrador.

Para el gobierno de Morena, ‘fauna nociva’ son el jaguar, el tapir y el venado, especies en extinción, que son consideradas “peligrosas para las actividades ferroviarias dentro de la infraestructura”.

La mitigación de la ‘fauna nociva’ para la obra, se estipula en el contrato, se realizará ahuyentamiento con pirotecnia, instalación de redes y trampas, uso de dardos tranquilizantes para ejemplares de talla grande, entre otros métodos.

Esos ‘otros métodos’ contra los animales incluye matarlos con métodos que disminuyan al máximo el dolor, sufrimiento, ansiedad y estrés.

El reportaje de Alhelí Salgado muestra el contrato donde se especifica, en su inciso “d) Manejo del sacrificio y cadáveres animales de acuerdo con la Ley Federal de Sanidad Animal”.

De acuerdo con el reporte oficial, en el tren de López Obrador se han talado 10 millones de árboles en lo que es el segundo pulmón forestal de América Latina, sólo después de la selva del Amazonas.

Los defensores de la selva han señalado que se han cortado varios millones de árboles más que los 10 millones reportados oficialmente.

Sus amparos, como se ha publicado en El Financiero, han sido sistemáticamente violados.

También se viola el artículo 73 fracción VIII de la Constitución: “Ningún empréstito podrá celebrarse sino para obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos”.

El Tren Maya retrata a los gobiernos de Morena.

La política: Un arte sin dueño

• “El arte de la política consiste en hacer posible lo necesario.”
  — Aristóteles

Por Isidro Aguado Santacruz

En la Grecia antigua, la política era una virtud, un compromiso con la comunidad y una aspiración a lo universal. No era un juego de intereses ni una herramienta para satisfacer ambiciones personales, sino el espacio donde se definía el destino colectivo. Era, como decía Aristóteles, el medio para alcanzar la felicidad de la polis, una actividad que requería coraje, sabiduría y justicia. Hoy, en contraste, la política parece haber caído en manos de quienes confunden poder con propiedad, servicio con dominación, y debate con imposición. Este fenómeno no es exclusivo, pero Baja California lo ilustra de manera ejemplar.

La reciente Reunión de Unidad de Movimiento Ciudadano (MC) trajo consigo una afirmación contundente: Movimiento Ciudadano no tiene dueño. David Saúl Guakil no solo enunció esta verdad, sino que la ancló en una crítica severa a las prácticas que buscan regresar a una política anquilosada y mezquina. Movimiento Ciudadano no puede ser, ni debe ser, un feudo manejado por caciques que solo aspiran a convertirlo en un partido de bajo perfil, sin más propósito que el de recolectar las prerrogativas mínimas necesarias para sostener a sus círculos cercanos. Este no es un problema menor, es el síntoma de una enfermedad que ha deteriorado la vida política nacional: la privatización de los partidos, su conversión en empresas familiares o en vehículos de intereses personales.

La política, la verdadera política, exige disenso, pero también diálogo. Implica unidad, pero no unanimidad. Este es el gran desafío de Movimiento Ciudadano en Baja California y, por extensión, de todos los movimientos que aspiran a trascender las viejas prácticas. Como bien señaló Armando Díaz Hoelfich, la buena política nace de quienes hacen el trabajo real: los militantes, los simpatizantes, las brigadas que, muchas veces sin grandes recursos, logran construir una fuerza capaz de desafiar al status quo. Reducir ese esfuerzo colectivo al capricho de unos pocos no es solo una injusticia; es una traición a la esencia misma de la política.

Sin embargo, el peligro no solo radica en las ambiciones personales, sino en la ignorancia. Gobernar, o siquiera participar en política, requiere preparación, reflexión y un compromiso ético. En el vacío de ideas y valores, florecen los peores liderazgos, aquellos que confunden manipulación con estrategia y control con legitimidad. La política es, como advertía Carlos Fuentes, un teatro en el que los actores secundarios a menudo se creen protagonistas. Y ahí radica el riesgo: en que los mediocres se apropien de un escenario que exige grandeza.

David Saúl Guakil tiene razón cuando dice que el avance de Movimiento Ciudadano no pertenece a una sola persona, sino a todas y todos. Pero esa verdad debe ser más que un lema; debe convertirse en una práctica cotidiana. El reto no es menor, construir un partido democrático, abierto y enfocado en el bienestar de los ciudadanos, no en la perpetuación de las viejas mañas. Esto implica enfrentarse no solo a los enemigos externos, sino también a los internos, a esos que, desde las sombras, buscan minar el esfuerzo colectivo.

La política no puede seguir siendo un instrumento para destruir, sino un camino para construir. En Baja California, como en todo México, la gente está cansada de promesas vacías y de liderazgos huecos. Quiere algo más: un movimiento que represente sus aspiraciones, que trabaje por su bienestar y que no olvide que la política es, ante todo, un acto de amor hacia la comunidad.

Si los antiguos griegos nos enseñaron algo, es que la política debe aspirar a lo universal. No puede reducirse a intereses personales ni a pequeñas disputas. Es el arte de gobernar para todos, con justicia y prudencia. La historia nos juzgará no por nuestras palabras, sino por nuestras acciones. Y si queremos que ese juicio sea favorable, debemos recordar siempre que la política, cuando es verdadera, es una de las expresiones más altas de la humanidad.

La verdadera política no tiene dueños, ni colores, ni caciques. Es un puente hacia el futuro y una promesa de esperanza. Movimiento Ciudadano, como todo esfuerzo colectivo, será tan grande como lo sean sus ideales y tan fuerte como lo sea la convicción de quienes lo integran. Que no lo olviden aquellos que pretenden apropiarse de lo que, por naturaleza, es de todos. Excelente inicio de semana lectores.

“Los prejuicios son las cadenas forjadas por la ignorancia y el miedo.”  – Montesquieu

Por Isidro Aguado Santacruz

En Palo Alto, California, un rincón de innovación y conocimiento, la presencia hispana, particularmente mexicana, se hace sentir. Según cifras de 2021, alrededor de 37.2 millones de mexicanos o estadounidenses de origen mexicano residen en Estados Unidos. Más que números, estas comunidades son el alma vibrante de barrios, negocios y centros culturales en todo el país. Sin embargo, el discurso político a menudo reduce su existencia a una narrativa polarizante y desinformada.

Donald Trump, fiel a su estilo provocador, recientemente comparó la inmigración con un “veneno” que amenaza la pureza de Estados Unidos, una retórica alarmantemente cercana a las páginas de Mi lucha de Adolf Hitler. Prometiendo cerrar la frontera con México y deportar a millones de inmigrantes a partir de enero de 2025, su mensaje resuena como un eco peligroso de tiempos oscuros. Estas palabras no solo dividen, sino que ignoran los aportes fundamentales de los inmigrantes a la economía y la sociedad estadounidense.

La realidad económica desmiente el mito del “robo de empleos.” Según un análisis del Economic Policy Institute realizado por Daniel Costa y Heidi Shierholz, la tasa de desempleo en Estados Unidos se mantenía baja en 2023, reflejando un mercado laboral en expansión. Sectores clave como la agricultura, la construcción y los servicios dependen en gran medida de trabajadores inmigrantes, quienes llenan vacíos que de otro modo quedarían desatendidos. Lejos de ser un lastre, los inmigrantes son una fuerza motriz para el crecimiento económico, aportando con su trabajo y pagando impuestos que sostienen programas esenciales.

El contraste entre la percepción y la realidad es evidente en lugares como Stanford, donde el costo de la educación superior refleja las desigualdades sistémicas que los inmigrantes enfrentan para progresar. Con un presupuesto que supera los $9 mil millones anuales y un personal diverso, la universidad se erige como un ejemplo de cómo el talento —sin importar su origen— puede prosperar cuando se le da oportunidad.

Reducir la inmigración a una amenaza nacional no solo es injusto, sino también miope. Las políticas que prometen deportaciones masivas y restricciones extremas podrían desencadenar efectos económicos devastadores, aumentando costos laborales, reduciendo la competitividad y frenando el crecimiento. Más grave aún, perpetúan una narrativa de odio que fractura el tejido social de un país construido sobre la diversidad.

En un momento histórico donde la verdad parece ser la primera víctima del debate político, urge recordar que los inmigrantes no envenenan al país; lo enriquecen con su esfuerzo y esperanza. Estados Unidos debe decidir si quiere seguir alimentando fantasmas de miedo o abrazar una visión más inclusiva y realista de su futuro. Porque, como ha demostrado la historia, el progreso no viene del aislamiento, sino de la integración.

“La ignorancia es el enemigo más feroz de la justicia y la verdad.” Decidamos, como sociedad, enfrentarlo con hechos y humanidad, excelente inicio de semana lectores.

La tontería de la “economía moral”

* La “economía moral” significa cumplimiento de caprichos en la inversión pública

Por Fernando Garcia Ram[irez

No tenemos por qué repetir las mentiras del gobierno. Digámoslo claro: la ‘economía moral’ es una reverenda tontería. México no ha cambiado de modelo económico

Durante el gobierno de López Obrador los empresarios más poderosos de México se hicieron más ricos. Carlos Slim duplicó su inmensa fortuna mientras que los millones de mexicanos que viven en la extrema pobreza no salieron de su condición. ¿Qué clase de ‘moral’ es ésta que beneficia a los que más tienen y no atiende a los grupos más vulnerables de la sociedad?

Casi el noventa por ciento de los contratos que asignó el gobierno el sexenio anterior se otorgaron sin licitaciones ni concursos: capitalismo de cuates.

Prevaleció el influyentismo. Los más beneficiados fueron los amigos más cercanos a los hijos de López Obrador. A los narcotraficantes no sólo no se les persiguió: no se tocaron sus inmensas fortunas mal habidas.

Moody’s bajó la calificación crediticia de México y la puso en negativa. Esta medida tendrá un fuerte impacto en nuestra economía. Claudia Sheinbaum la desestimó al decir que Moody’s calificaba según un modelo económico (neoliberal) que no es el que se sigue en México. “Todos sabemos que en 2018 nuestro modelo económico cambió, es un modelo basado en la austeridad republicana y en la economía moral”, afirmó la presidenta. Pero de ‘moral’ no tiene nada.

La principal política social de este gobierno es la de repartir dinero en efectivo a familias de escasos recursos a través de sus programas sociales. Se trata de una variante del modelo de impuesto negativo propuesto por el economista ultra liberal Milton Friedman en los años sesenta y que en México planteó Gabriel Zaid en su libro El progreso improductivo en 1979. Con una variante fundamental: Zaid propuso repartir dinero en efectivo al mismo tiempo que procurar una oferta de instrumentos productivos para que la gente no sólo recibiera dinero sino que pudiera salir de la pobreza.

El gobierno de Morena sólo desarrolló la primera parte del modelo sin implantar la segunda porque su intención no era sacar a la gente de la pobreza sino convertirla en un agente pasivo que recibe dinero y vota por quien otorga los recursos, garantizando de este modo su perpetuación al frente del gobierno. No es una “economía moral” sino una “economía electoral”. Para López Obrador la asistencia a los pobres fue sólo “un asunto de estrategia política” (La Jornada, 4.Ene.23).

Si no beneficia a los que menos tienen ¿por qué ganaron holgadamente las elecciones? Durante cinco años el gobierno de López Obrador evitó endeudarse, pero esta mesura se dejó de lado en el año electoral, en el que el déficit presupuestal y la deuda crecieron a niveles extraordinarios. ¿A dónde fue a parar ese dinero? A comprar la elección de Claudia Sheinbaum.

Todos pudimos ver el enorme despliegue de recursos publicitarios y de compra de votos efectuado en la campaña para obtener la candidatura de su partido y luego para ganar las elecciones presidenciales. A su principal denunciante, Marcelo Ebrard, le callaron la boca con la Secretaría de Economía.

Ahora los mexicanos debemos pagar las consecuencias de ese despilfarro electoral. Vendrán recortes draconianos en salud, educación y cultura. Degradarán aún más los servicios de salud. Faltarán las medicinas. Se recortará el sueldo de los maestros universitarios y los presupuestos de la UAM y las universidades de provincia. No se llama ‘austeridad republicana’ sino austericidio (documentado por Nayeli Roldán en La austeridad mata, Planeta, 2024).

La ‘economía moral’ significa cumplimiento de caprichos en la inversión pública: desarrollo de mega proyectos sin sustento económico, deficitarios, subsidiados, elefantes blancos. ¿Por qué seguirá recibiendo cientos de millones de pesos la refinería Dos Bocas si López Obrador ya la inauguró en un par de ocasiones? ¿Para qué seguir arrojando dinero bueno al pozo sin fondo que es Pemex?

Economía moral significa: convertir al ejército en un nuevo agente económico, perjudicando a los particulares. Construye obras, recibe utilidades, blinda sus operaciones reservando la información como si fuera asunto de Estado, enriquece a los generales que se cuadran al poder político.

‘Economía moral’: crecimiento de menos del uno por ciento. Aumento de la deuda. Proyectos caprichosos. Economía de cuates. Opacidad en la asignación de contratos. Compra de elecciones.

¿La ‘austeridad republicana’ es una ‘economía moral’ si la asignación de contratos está a punto de entrar a la opacidad total con la desaparición del INAI? ¿Practica la presidenta la austeridad? ¿Y las cuentas secretas de su familia que revelaron los Panama Papers? ¿Cuándo brindará un informe al respecto? La presidenta viviendo en un Palacio. Ricardo Monreal viajando en helicóptero. Niños con cáncer sin sus medicamentos. Esa es la ‘moralidad’ del nuevo gobierno.

El discurso de la ‘economía moral’ está dirigido a los fieles. Tiene una función de propaganda. El resto de los mexicanos no tenemos por qué seguir repitiendo esas tonterías y mentiras. (Tomado de El Financiero 18/11/2024)

• El partido naranja se prepara para elegir a sus nuevos dirigentes estatales y para ello la Coordinación Operativa Nacional designó a un comité especial para dirigir el proceso

TIJUANA.- El viernes pasado, día 8 de Noviembre, la dirigencia nacional del partido Movimiento Ciudadano nombró a un Comité Operativo Estatal que encabeza, de manera provisional, la diputada local Daylín García Ruvalcanba y que sustituye a la Coordinación Operativa Estatal, cuyo periodo de gestión, de 3 años, concluyó en Octubre pasado.

Está acción por parte de la Coordinadora Operativa Nacional que encabeza Dante Delgado Rannauro, no tiene nada de particular, pues se hizo para otros estados, entre ellos Baja California Sur y Aguascalientes, y va encaminada a “calmar las aguas” y tranquilizar la efervescencia política de la militancia naranja, con miras a la elección interna de las dirigencias estatales, lo cual tampoco es raro y mucho menos tiene connotaciones negativas, sino todo lo contrario, pues muestra el alto grado de participación de la militancia naranja, lo que es bueno en un país que hoy en día enfrenta una crisis política, precisamente por la escasa participación de la sociedad en las urnas.

Y aunque estos movimientos del viernes en la estructura de Movimiento Naranja en Baja California causaron conmoción, y hasta ciertas expresiones de triunfalismo en algunos sectores, vanagloriándose de que unos habían triunfado sobre otros, la verdad es que nada está más alejado de la realidad.

El Comité Operativo Estatal tendrá como función única lograr el consenso de la militancia partidista para determinar a quienes quieren los emecistas de la entidad en sus órganos de gobierno (el coordinador o la coordinadora estatal y el presidente o la presidenta del Consejo Estatal) para los siguientes 3 años. Las funciones del COE están limitadas solo a lograr el consenso y transmitir las propuestas a la Coordinadora Operativa Nacional, tarea que deberán lograr lo más pronto posible, aunque tienen un plazo de hasta un año.  

Pero el Comité Operativo Estatal solo hará las anotaciones necesarias, porque a final de cuentas, y porque así lo marcan los estatutos de Movimiento Ciudadano, será la dirigencia nacional quien decidirá quienes de las y los militantes propuestos por la membresía naranja serán los dirigentes del partido en el estado, y una vez conformado el órgano de gobierno estatal, se integrará la Coordinadora Ciudadana Estatal, con delegados de toda la entidad, quienes finalmente elegirán a los dirigentes de los 7 municipios. En este caso todo nombramiento que se haga al margen de este protocolo será de manera provisional, es decir, con una muy corta fecha de caducidad.

Así es que nadie ha ganado, nadie ha perdido y nadie ganará ni perderá, y sí en cambio se beneficiará la sociedad, porque después de este proceso interno el partido naranja saldrá más fortalecido que nunca, lo que es altamente positivo en un país que se debate entre un nuevo partido hegemónico, con acendrados rencores que lo llevan a tomar decisiones que no hacen otra cosa más que provocar la destrucción de esta gran nación, y los partidos tradicionales cuya corrupción e ineficacia los llevó a su casi total extinción.

En esta desesperanza que ahoga a México, Movimiento Ciudadano surge como la tercera y única opción capaz de mover a la ciudadanía, —como su nombre lo indica—, para organizar a todos los mexicanos y mexicanas, y lograr cumplir el anhelo de una patria mejor, más progresista y justa, con seguridad y con suficientes oportunidades de superación para todos. Por eso, que nadie adelante juicios ni tenga infundados temores: lo que se vive internamente en Movimiento Ciudadano no son los estertores de una agonía, sino los dolores de un parto que dará paso a un partido renovado y fortalecido, y como siempre, al servicio de México y de las y los mexicanos.