_”La ciudad no es un problema, sino una solución; una máquina para vivir.”_
Le Corbusier
Por Isidro Aguado Santacruz
Cada semana en Cambio de Ritmo ajustamos la perspectiva abordando temas críticos que afectan la vida de miles de tijuanenses. Hoy, inspirado por una profunda conversación con el ingeniero civil Roberto Osuna Pelayo, quien cuenta con más de 15 años de experiencia en desarrollos inmobiliarios, es docente en la Escuela de Arquitectura, conferencista, presidente de la asociación civil ENLAC, activista de la comunidad LGTBIQ+ de Movimiento Ciudadano, exploramos uno de los mayores retos de nuestra ciudad: el tráfico.
Osuna Pelayo señala que el problema del tráfico en Tijuana es complejo, pero no imposible de resolver. Según datos del INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática), en 2023 Tijuana contaba con más de 1.8 millones de habitantes, lo que la convierte en una de las ciudades más densamente pobladas de México. Este crecimiento, combinado con una tasa de motorización que asciende a 434 vehículos por cada 1,000 habitantes, ha llevado a una saturación de la infraestructura vial. La Vía Rápida, una de las arterias principales de la ciudad, está constantemente congestionada debido al flujo de vehículos que buscan cruzar la frontera hacia Estados Unidos, algo que no solo afecta a los conductores sino a toda la dinámica urbana.
El ingeniero Osuna propone una solución pragmática: crear carriles exclusivos para el tráfico fronterizo, aprovechando el espacio disponible en el hombro del canal que cruza la ciudad. Esto permitiría descongestionar las rutas principales y agilizar el tránsito hacia Playas de Tijuana, una de las zonas más afectadas por el tráfico. Ciudades como Querétaro han implementado con éxito planes maestros que incluyen la reparación de baches en menos de 24 horas, una política que también podría aplicarse aquí. En este sentido, Tijuana necesita una planificación de infraestructura que no solo resuelva los problemas inmediatos, sino que proyecte soluciones a 20 años, tomando en cuenta el crecimiento urbano y vehicular.
Uno de los puntos que Osuna destaca con más énfasis es el fracaso del Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT) que, a pesar de ser una inversión significativa, no logro ofrecer una alternativa real al uso del automóvil. El SITT fue concebido como un proyecto de transporte masivo que reduciría la dependencia de los vehículos privados, pero los largos tiempos de espera y las rutas ineficientes lo convirtieron en una opción poco atractiva para la ciudadanía. Las cifras lo confirman: el INEGI reporta que en Tijuana solo el 16.5% de la población utiliza el transporte público para desplazarse, muy por debajo de otras ciudades como la Ciudad de México, donde el uso del transporte público supera el 50%.
Aquí surge la pregunta clave: ¿por qué el transporte público en Tijuana no funciona? Según Osuna, parte de la respuesta radica en la falta de un interés genuino por mejorar el servicio. El fracaso del SITT no fue una casualidad, sino el resultado de decisiones políticas y económicas que priorizaron intereses privados sobre el bien común. Para revertir esta situación, se necesita una transformación radical en la forma en que se conciben y gestionan los proyectos de movilidad.
Ciudades como Tokio y Shanghái han demostrado que un sistema de transporte público eficiente puede transformar la movilidad urbana. En estos lugares, los trenes subterráneos y los autobuses eléctricos no solo son rápidos y accesibles, sino que también operan con precisión y limpieza. En San Diego, el uso de semáforos inteligentes ha reducido los tiempos de espera al mínimo, utilizando sensores para ajustar el flujo vehicular en tiempo real. Este tipo de tecnología podría replicarse en Tijuana, donde los semáforos mal sincronizados son uno de los principales factores de congestión.
La comunidad LGTBIQ+, de la cual Osuna es un destacado activista, también juega un papel importante en este diálogo. Su lucha por la inclusión no se limita solo a los derechos sociales, sino también a crear una ciudad donde todos los ciudadanos, sin importar su identidad o expresión de género, puedan vivir y moverse libremente. “El transporte público es un derecho que debe ser accesible para todos,” señala Osuna. “La falta de un sistema eficiente afecta especialmente a las poblaciones más vulnerables, incluidas las personas LGTBIQ+, quienes muchas veces enfrentan mayores dificultades para acceder a servicios básicos debido a la discriminación.”
Esta visión inclusiva también tiene un impacto directo en la productividad económica. Según el INEGI, el tiempo promedio que un tijuanense pasa en transporte público es de dos a tres horas diarias, lo que representa casi el 15% del día. Este tiempo perdido no solo afecta a los trabajadores, sino a toda la economía local. La zona este de la ciudad, donde residen muchos trabajadores de sectores industriales y de servicios, es particularmente vulnerable. Los largos trayectos desde y hacia sus lugares de trabajo generan un ciclo de estrés y fatiga que merma la productividad.
En términos de inversión, es claro que la actual no es suficiente. Las obras de infraestructura vial se han quedado cortas frente al crecimiento de la ciudad. Osuna Pelayo sugiere que se deben explorar modelos de colaboración público-privada como los que se han implementado en otras ciudades del mundo. Proyectos de concesión de transporte, donde el sector privado financia y opera parte del sistema bajo regulaciones públicas, podrían ser una solución viable. Sin embargo esto debe hacerse con la garantía de que el servicio será accesible y eficiente para todos los ciudadanos, sin excepciones.
Finalmente, es esencial fomentar una cultura vial que promueva el respeto a las normas y la seguridad en las calles. El INEGI reporta que en 2022, Tijuana tuvo una tasa de 39.7 accidentes viales por cada 10,000 vehículos, una de las más altas del país. Osuna propone que se implemente un programa de educación vial obligatoria para infractores, con sanciones que incluyan desde multas hasta la asistencia a escuelas de manejo. Solo así podremos garantizar una mejora en el comportamiento de los conductores y un flujo vehicular más ordenado.
El XXV Ayuntamiento tiene la responsabilidad y la oportunidad de enfrentar estos desafíos con visión de futuro. Este nuevo gobierno local debe priorizar la mejora del transporte público y la modernización de la infraestructura vial como pilares de su gestión. Es imperativo que se implementen políticas públicas que faciliten la movilidad, no solo para reducir el tráfico, sino para mejorar la calidad de vida de todos los tijuanenses.
Además, debe prestarse especial atención a la coordinación con organizaciones civiles, como la que encabeza Osuna Pelayo, para asegurar que los planes de movilidad sean inclusivos y beneficien a toda la comunidad, incluidas las poblaciones vulnerables y las personas LGTBIQ+. Este ayuntamiento no puede seguir postergando soluciones; tiene en sus manos la capacidad de transformar Tijuana en una ciudad eficiente y accesible, con una visión sostenible de largo plazo.
En conclusión, Tijuana enfrenta una encrucijada. La falta de un sistema de transporte público eficiente, una infraestructura obsoleta y una cultura vial deficiente nos han llevado al borde del colapso. Pero las soluciones están al alcance. Con una planificación adecuada, una inversión inteligente y el compromiso de todos, podemos transformar nuestra ciudad en un ejemplo de movilidad y desarrollo para las próximas décadas.
