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Columna de opinión | Isidro Aguado

“El poder no cambia a los hombres; los revela.” — Robert Catesby

En 1908, el escritor español José Martínez Ruiz, conocido en el mundo literario como Azorín, publicó un pequeño volumen titulado El Político, en el que reunió una serie de reflexiones y recomendaciones para quienes ejercen o aspiran a ejercer el poder público. El libro cayó en el olvido relativo que suele reservarse a las obras que incomodan con demasiada precisión. Pero releerlo hoy, en el México de 2026, con gobernadores que solicitan licencia bajo investigación, con legisladores que discuten calendarios escolares mientras la inteligencia artificial reescribe el mercado laboral, con aspirantes a gubernaturas que construyen bardas antes de tener propuestas, produce una sensación extraña: la de que Azorín no escribió sobre la España de principios del siglo XX, sino sobre nosotros.

El escritor de la Generación del 98 estableció como primera condición del hombre de Estado algo que hoy parece revolucionario en su sencillez: la fortaleza física y mental. “Su cuerpo ha de ser sano y fuerte”, escribió, porque el trabajo de los negocios públicos exige ir de un lado para otro, recibir gente, conversar con unos y con otros, leer, contestar, hablar en público y pensar en los asuntos del gobierno de manera continua y sin tregua. También recomendó que el político sea madrugador, que coma poco y sea frugal, que use colores opacos y discretos en su vestimenta, que procure la sencillez en su atavío. Son consejos que suenan a otro mundo. Y sin embargo, lo que Azorín describía no era un código de apariencia sino una filosofía de servicio: la idea de que el cargo público consume al que no llega preparado y corrompe al que llega buscando otra cosa.
Porque la pregunta que el libro de Azorín plantea sin decirla explícitamente — y que México necesita hacerse con mayor urgencia — es una sola: ¿para qué busca el poder quien lo busca? La respuesta honesta, en demasiados casos, no es la que aparece en los discursos de campaña.

El filósofo alemán Friedrich Nietzsche advirtió en La voluntad de poder que el impulso hacia el mando no siempre nace de la vocación de servir sino del deseo de imponerse, de ocupar el espacio que otros ocupan, de acumular la capacidad de decidir sobre la vida de los demás. Hannah Arendt, en Los orígenes del totalitarismo, fue aún más precisa: el peligro no está en quienes buscan el poder con mala fe declarada, sino en quienes lo buscan sin saber realmente para qué lo quieren, porque esa vacuidad de propósito se llena inevitablemente con el interés personal, la comodidad del privilegio y la lógica de la supervivencia política.

En México, esa vacuidad tiene nombres y fechas. Tiene la forma de gobernadores que administraron estados durante años mientras el crimen organizado construía sus propias estructuras institucionales paralelas. Tiene la forma de legisladores que llevan décadas en el Congreso sin un solo proyecto de ley relevante para recordar. Tiene la forma del alcalde que llega con discurso transformador y se marcha sin haber resuelto el problema del agua, del alumbrado o de la recolección de basura en las colonias populares de su municipio. Tiene la forma del aspirante a candidato que hoy grita “ya es tiempo de un cambio” sin que nadie le pregunte con precisión qué va a cambiar, cómo lo va a cambiar y qué ha demostrado haber hecho antes de llegar.

Azorín tenía también una opinión muy clara sobre el elogio y la vanidad, dos vicios que en la política mexicana contemporánea han alcanzado proporciones casi industriales. “No estime el político un elogio en más de lo que realmente vale”, escribió. “Agradezca la buena voluntad de los que le elogian; pero por encima de ditirambos, de las hipérboles y de los entusiasmos de los admiradores, él sepa poner un ligero y amable desdén.” En el México del siglo XXI, ese consejo equivale a pedirle a un político que apague sus redes sociales. La cultura del autoelogio, de la conferencia de prensa como escenario personal, del video de obra pública con el nombre del gobernante más grande que el nombre de la obra misma, es exactamente el síntoma que Azorín diagnosticó hace más de cien años como el principio de la degradación del oficio político. El que necesita que le aplaudan para saber que está haciendo bien su trabajo, no está haciendo su trabajo. Está construyendo su imagen.

Y luego está la vanidad del poder por el poder mismo, que es quizás la forma más peligrosa de ambición política porque se disfraza con mayor facilidad de vocación. El politólogo italiano Giovanni Sartori señaló en Homo videns que las democracias modernas han producido un tipo peculiar de político: aquel que aprendió a comunicar antes que a gobernar, que domina el lenguaje de la transformación sin haber estudiado los instrumentos de la gestión pública, y que confunde la popularidad con la competencia. En México, ese perfil es demasiado común. El candidato que sube en las encuestas no siempre es el que tiene la trayectoria más sólida: es el que tiene el mejor equipo de comunicación, la barda más visible y el acceso más fluido al micrófono. Ganar una encuesta interna no es demostrar que se puede gobernar. Es demostrar que se puede construir una base de apoyo dentro de la estructura de un partido. Son habilidades distintas, y confundirlas tiene consecuencias reales para los ciudadanos que después padecen la diferencia.

Azorín también recomendó algo que en el debate político mexicano actual resulta casi subversivo: la moderación en el humor, la afabilidad ante el error propio y la capacidad de corregir el rumbo sin escándalo. “Ocurrirá muchas veces que, estando de mal humor, demos una respuesta agria a quien no la merece”, escribió. “Corrijamos a tiempo con afabilidad y cortesía nuestro desvío.” En el México de las conferencias mañaneras, de los discursos nocturnos en cadena nacional, de los funcionarios que responden a la crítica con descalificación y a la pregunta incómoda con el argumento de la conspiración, ese consejo de 1908 equivale a una revolución pedagógica. La diferencia entre un político que puede ser criticado y uno que no tolera la crítica no es de carácter. Es de certeza. El que está seguro de lo que hace no necesita destruir al que le señala el error. Solo necesita corregirlo.
El poder, bien entendido desde Platón hasta Azorín, no es un destino. Es una herramienta. Y como toda herramienta, su valor no está en tenerla sino en saber usarla para construir algo que dure más que el tiempo del que la sostiene. El problema de México no es que le falten políticos. Le sobran. Lo que escasea son estadistas: personas que lleguen al cargo con un diagnóstico real de los problemas que van a enfrentar, con la disposición de tomar decisiones impopulares cuando sean necesarias y con la humildad de saber que el cargo no los pertenece a ellos sino a los ciudadanos que se los confían.

Azorín cerró El Político con una observación que el tiempo no ha desmentido: “Es probable que no pocas de estas recomendaciones hayan dejado de ser atendibles, pero sin duda continúa siendo útil su conocimiento.” Tiene razón. Lo útil no es la carta de vestuario ni el consejo de madrugar. Lo útil es el principio que subyace a todo: el político que no sabe para qué quiere el poder, tarde o temprano usa el poder para averiguarlo. Y esa búsqueda siempre la pagan los demás.

El cargo público no es una llegada. Es una obligación. Y en México, demasiados lo han confundido con las dos cosas al mismo tiempo.

*”Dime cómo educas a tus hijos y te diré qué clase de pueblo serás en veinte años.”

— Adolfo Prieto

Por Isidro Aguado Santacruz

Había una vez una ciudad-estado de menos de seis millones de habitantes, sin recursos naturales, sin petróleo, sin territorio agrícola relevante, ubicada en el sudeste asiático, que en 1965 era más pobre que muchos estados de México. Esa ciudad decidió que su única riqueza posible era el cerebro de su gente. Invirtió en educación como otros países invierten en ejércitos. Formó a sus maestros con los mismos estándares con que otros países forman a sus médicos. Y en cincuenta años construyó el sistema educativo más eficaz del planeta. Hoy Singapur ocupa el primer lugar mundial en las tres áreas de evaluación de la prueba PISA: matemáticas, lectura y ciencias, sin empate técnico con ningún otro país. Mientras tanto, México lleva más de dos décadas participando en esa misma prueba y ocupa el lugar 35 de 37 países de la OCDE. La distancia entre ambos no es geográfica. Es una decisión que se repite sexenio tras sexenio.

Los resultados de PISA 2022, la prueba internacional que evalúa las competencias de estudiantes de 15 años en matemáticas, lectura y ciencias, arrojaron para México uno de sus cuadros más preocupantes desde que el país comenzó a participar en 2000. En matemáticas, México obtuvo 395 puntos, retrocediendo 14 puntos desde los 409 obtenidos en 2018; en lectura logró 415 puntos, cinco menos que en 2018; y en ciencias obtuvo 410 puntos, nueve menos que en el mismo año.  Para dar dimensión a esos números: en México, solo el 34 por ciento de los estudiantes alcanzó al menos el nivel mínimo de competencia en matemáticas, significativamente por debajo del promedio de la OCDE que es del 69 por ciento, mientras que más del 85 por ciento de los estudiantes de Singapur, Macao, Japón, Hong Kong y Estonia lo lograron.  No estamos hablando de excelencia. Estamos hablando del piso mínimo para funcionar en una economía moderna. Y dos terceras partes de los jóvenes mexicanos no lo alcanzan.

La comparación con los sistemas educativos que encabezan los rankings internacionales no es un ejercicio de autocastigo sino de aprendizaje. Singapur, Japón, Corea del Sur, Estonia y Finlandia no están en los primeros lugares por accidente cultural ni por genética privilegiada. Están ahí por decisiones de política pública sostenidas durante décadas. El sistema educativo de Corea del Sur destaca por su consistencia en los rankings internacionales basada en una cultura de estudio intensiva y una fuerte inversión en educación, con la revalorización del docente como pieza central: solo los mejores profesionales pueden ser maestros.  El modelo educativo finlandés se ha consolidado a partir de la equidad, la confianza y la formación docente de alto nivel, promoviendo tanto la excelencia académica como el bienestar social.  En Finlandia, ser maestro requiere maestría universitaria mínima, el proceso de selección para estudiar pedagogía es más competido que el de medicina, y la remuneración docente varía entre 47 mil y 69 mil euros anuales según el nivel educativo y la antigüedad, motivando una actualización constante.  Estonia, el caso más revelador de todos, es un país de apenas 1.3 millones de habitantes que en los años noventa salía de la órbita soviética con una economía devastada. Hoy compite en PISA con las naciones más ricas del mundo, no por inversión masiva sino por estrategia: digitalizó su sistema educativo desde los niveles básicos e integró la tecnología al aula de manera sistemática, logrando eficiencia con recursos moderados.  México tiene más dinero, más territorio, más población y más historia que Estonia. Y resultados educativos peores.

El patrón que une a los sistemas educativos exitosos no es el gasto bruto en educación. Es la coherencia, la continuidad de política pública y, sobre todo, la forma en que se forma y trata a los docentes. En México, la formación continua de maestros solo es obligatoria para promociones, mientras que la mayoría de los países de la OCDE la exigen en al menos algún nivel educativo, y Finlandia la aplica en todos sus niveles.

De los países de la OCDE, 13 cubren totalmente los costos de formación docente continua y 12 lo hacen parcialmente.  En México, el maestro que quiere actualizarse lo hace frecuentemente a costa de su tiempo libre y de su bolsillo. El sistema premia la antigüedad, no la competencia. Y ese diseño produce exactamente los resultados que producen los sistemas que no se actualizan.

El contraste con países como Finlandia resulta brutal: México invierte por alumno una fracción de lo que destinan países con crisis de transición poscomunista como Croacia, Lituania o Hungría, que aun así priorizan la inversión escolar muy por encima de México.  En 2025, el gasto educativo de México representó el 3.2 por ciento del PIB, por debajo del 4 a 6 por ciento recomendado por el BID y el CIEP. Las familias mexicanas cubren casi el doble del gasto educativo que el promedio de la OCDE, compensando con su bolsillo lo que el Estado no garantiza.  Lo más revelador es a qué se destina ese presupuesto insuficiente: el presupuesto aprobado para 2026 se concentra en nómina educativa, becas e infraestructura, priorizando la asistencia a la escuela sin garantizar el aprendizaje.  Asistir y aprender son cosas distintas. México lleva décadas confundiendo cobertura con calidad y estadísticas de inscripción con evidencia de formación.

Porque la crisis educativa mexicana no es solo de lectura. Es sistémica y atraviesa todos los niveles. Solo el 34 por ciento de los estudiantes mexicanos alcanza el nivel mínimo en matemáticas, frente al 69 por ciento de la OCDE; el 53 por ciento lo logra en lectura, frente al 74 por ciento internacional; y apenas el uno por ciento alcanza la excelencia en lectura, contra el siete por ciento del promedio OCDE. El analfabetismo funcional — esa condición en la que se puede decodificar un texto pero no comprenderse — afecta a una proporción enorme de la población que nadie contabiliza en los discursos oficiales. Un informe conjunto de la UNESCO, la OCDE y la Mancomunidad de Naciones señala que el 44 por ciento de los niños mexicanos menores de 15 años, dentro y fuera de la escuela, apenas tienen competencias básicas de lectura.  Y el rezago se acumula grado a grado: maestros de bachillerato reportan que sus alumnos son incapaces de redactar correctamente una cuartilla, con composiciones de textos que son un desastre y que nacen mal desde el nivel básico.

La infraestructura escolar es otro frente de crisis que los datos hacen incontestable. Cuatro de cada diez escuelas en México no cuentan con servicios básicos completos — luz, agua, sanitarios y lavamanos — y siete de cada diez no tienen servicio de internet.  En paralelo, México tiene 4.1 millones de personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir, concentradas principalmente en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, donde el analfabetismo alcanza entre el 12 y el 14 por ciento de la población.  Esos estados son también los que registran los mayores índices de pobreza del país. La geografía del analfabetismo y la geografía de la desigualdad son el mismo mapa. No es coincidencia: es causalidad estructural que ninguna reforma educativa ha atacado con suficiente profundidad.

La Nueva Escuela Mexicana llegó con promesas de transformación pedagógica. Los datos la ponen en una posición incómoda. Investigadores de la Universidad de Guadalajara identificaron que los libros de texto gratuitos de la NEM presentan inconsistencias frente al programa oficial, con temas obligatorios que no aparecen en los materiales, vacíos que generan lagunas formativas entre grados y un desequilibrio en el que un solo libro concentra hasta el 88 por ciento de los contenidos en primeros grados.  La reforma se implementó con prisas, sin capacitación docente suficiente y sin evidencia de que priorice los aprendizajes fundamentales en matemáticas, lectura y escritura.  El sexenio anterior canceló las evaluaciones nacionales, y los resultados de la prueba PISA 2025 no se conocerán hasta diciembre de 2026.  Un sistema que no se mide con rigor no puede saber si mejora o empeora. Solo puede presumir que mejora, y eso no es política educativa. Es fe.

La deserción escolar completa el cuadro. El nivel medio superior registra la mayor tasa de abandono, con el 11.3 por ciento de alumnos que dejaron la escuela el ciclo pasado.  Entre los jóvenes de 25 a 34 años, cuatro de cada diez no han concluido la educación media superior.  Esos jóvenes no son flojos ni indiferentes a su futuro. Son jóvenes a quienes el mercado laboral les ofreció más en el corto plazo que el sistema educativo en el largo, en un país donde el diploma no siempre garantiza ni mejores ingresos ni mejor trato. La economía y la educación fallaron al mismo tiempo, y el joven pagó la cuenta.

El politólogo argentino Adrián Acosta Silva ha documentado que los sistemas educativos latinoamericanos comparten un patrón: cambian de reforma en reforma sin evaluar si la anterior funcionó, acumulando capas de transformación sobre capas de transformación sin una línea de continuidad pedagógica clara. México es el ejemplo más consistente de ese patrón. Desde la reforma Zedillo hasta la reforma Calderón, la reforma Peña y la Nueva Escuela Mexicana, cada sexenio llega con su propio modelo, sus propios libros, sus propios énfasis, y el maestro en el aula absorbe cada cambio sin tiempo ni recursos para asimilarlo. El niño que paga esa factura es siempre el mismo: el que llega a la secundaria sin comprender lo que lee y sin saber resolver una ecuación simple.

Lo que la evidencia internacional demuestra con contundencia es que no existe atajo. Los países que construyeron sistemas educativos eficaces lo hicieron lentamente, con continuidad de política pública que sobrevivió cambios de gobierno, con inversión sostenida en la formación docente y con la convicción cultural de que el maestro es el profesional más importante de la sociedad. Corea del Sur tardó cuarenta años en transformar su educación. Finlandia tardó treinta. Estonia tardó veinte. México lleva más de un siglo reformando y desreformando, y cada nueva administración encuentra los mismos problemas que la anterior declaró haber resuelto.

La educación no es una política más. Es la política de la que dependen todas las demás. Un país cuyos ciudadanos no comprenden lo que leen no puede exigir rendición de cuentas con criterio. No puede leer un contrato colectivo, entender una reforma constitucional, discernir entre una propuesta política sólida y un discurso populista. La educación de calidad no es solo un derecho individual: es el fundamento de la democracia. Y cuando ese fundamento se deteriora, todo lo que se construye sobre él es precario.

México puede seguir mirando a Singapur, a Finlandia y a Estonia con la distancia cómoda del que observa realidades inalcanzables. O puede preguntarse, con honestidad y sin demagogia, qué decisión concreta, sostenida y evaluable está dispuesto a tomar para que en veinte años los resultados cuenten una historia diferente. Porque la brecha no se cierra con reformas que se olvidan en el siguiente sexenio. Se cierra con voluntad política que dure más que un período presidencial, con maestros tratados como el profesional central de la sociedad que son, y con la convicción de que ningún recurso petrolero, ningún tratado comercial y ningún bono demográfico vale lo que vale un niño que termina la primaria sabiendo pensar. México tiene la demografía para ser potencia. Le falta la educación para serlo.