- Lejos de ampliar el acceso a la justicia, se corre el riesgo de restringirlo; sobre todo para las personas y familias en condición de mayor vulnerabilidad.
TIJUANA.- (31 de Marzo/26) La nueva publicación del Acuerdo General 07/2026, emitida por el Consejo de Administración del Poder Judicial del Estado, vulnera los derechos fundamentales de las y los abogados: la libertad de trabajo, el libre ejercicio profesional y la posibilidad de desarrollar una actividad lícita conforme a los requisitos que marca la ley, dio a conocer el Colegio de Abogados de Tijuana, A.C.
Su representante, Daniel Avitia Beltrán, explicó que el acuerdo publicado el 20 de marzo del año en curso, excede las facultades reglamentarias y administrativas del órgano emisor, al imponer requisitos que no están previstos de manera expresa en la norma superior jerárquica, es decir, en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Dicho acuerdo establece criterios para la acreditación de la especialización profesional en procedimientos jurisdiccionales donde se encuentren involucrados derechos de niñas, niños y adolescentes.
“Reconocemos plenamente la importancia de fortalecer la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como la necesidad de que la defensa técnica en materia familiar se ejerza con preparación, ética, responsabilidad y sensibilidad jurídica”, aseguró Avitia Beltrán. Sin embargo, imponer requisitos de grado académico y cédula de posgrado como condición obligatoria para el ejercicio de la defensa técnica en materia familiar vulnera sus derechos fundamentales como abogados.
Detalló que el Consejo de Administración no se limitó a regular aspectos administrativos de verificación documental, sino que, en los hechos, estableció una nueva condición para litigar, restringiendo el ejercicio profesional de la abogacía en materia familiar mediante un requisito de posgrado que la ley no contempla en esos términos. Ello constituye, a su juicio, un exceso reglamentario, contrario a los principios de legalidad, jerarquía normativa y reserva de ley.
Aunque, desde su perspectiva como profesionales en la materia, esto transgrede su libertad de trabajo, el libre ejercicio profesional y la posibilidad de desarrollar una actividad lícita conforme a los requisitos que marca la ley, y no a partir de exigencias adicionales creadas por una disposición administrativa, destacó que “el principal afectado será el justiciable”.
Lo anterior en vista de que el acuerdo reducirá el número de abogadas y abogados que puedan intervenir en asuntos familiares, limitará la libre elección de defensa, dificultará el acceso a representación jurídica en muchos casos y, previsiblemente, encarecerá los servicios legales, afectando sobre todo a las personas y familias en condición de mayor vulnerabilidad. Lejos de ampliar el acceso a la justicia, se corre el riesgo de restringirlo, advirtió.
Asimismo, señaló que dentro del gremio se generará una afectación desigual en perjuicio de litigantes con trayectoria acreditada y años de práctica profesional, especialmente en contextos donde no existe una oferta académica suficiente, accesible o razonable para cursar estudios de posgrado con reconocimiento y cédula en los términos exigidos, enfatizando que la imposición de ese filtro burocrático no garantiza por sí misma una mejor defensa técnica, pero sí genera exclusión profesional y concentración del ejercicio en un sector limitado.
El presidente del Colegio de Abogados de Tijuana puntualizó que tampoco comparten que el periodo transitorio de tres años subsane el problema de fondo. “La ilegalidad o inconstitucionalidad de una carga no desaparece por diferirse en el tiempo; el hecho de que provisionalmente se permita litigar bajo protesta de decir verdad no elimina el vicio esencial del acuerdo: haber creado una restricción no prevista en la ley”, destacó.
“Como gremio, hacemos un respetuoso pero enérgico llamado al Consejo de Administración del Poder Judicial del Estado de Baja California para que reconsidere y deje sin efectos estas disposiciones”, expresó, resaltando que estarán abiertos al diálogo institucional, serio y constructivo, para impulsar mecanismos legítimos de capacitación, certificación, actualización y fortalecimiento profesional que no vulneren derechos, no excedan la ley y no perjudiquen al ciudadano.
Finalmente, manifestó que de no atenderse la solicitud de reconsideración, el gremio jurídico analizará y ejercerá, con firmeza y responsabilidad, las vías jurisdiccionales y constitucionales correspondientes, a fin de defender la legalidad, la libertad profesional, el derecho al trabajo y, sobre todo, el acceso efectivo a la justicia de las personas que requieren defensa y representación en materia familiar. “La especialización debe fortalecerse, sí; pero nunca a costa de la legalidad, de la libertad profesional y del derecho de la ciudadanía a una justicia accesible”, concluó.
